Sin que lo hayamos advertido, con sobra de acciones cotidianas, ausencia de méritos y sin ningún derecho, la delincuencia se autoerigió en el bastardo cuarto poder del Estado ecuatoriano. Es la imposición de una ley fuera de la ley. La psicopatología del hecho consumado, como decía Allan Castelnuovo, uno de mis maestros, que suplanta a la lógica del acto legal. El crimen, en cualquier nivel de organización, al margen de la cuantía monetaria y a despecho del volumen de la sangre derramada, ha modificado significativamente los hábitos y las costumbres de los ecuatorianos, imponiendo inhibiciones, deudas y prevenciones que afectan a la economía personal, colectiva y nacional. Al final, la delincuencia ha infiltrado y a ratos se confunde con los tres poderes del Estado que nuestra Constitución reconoce.
En cuanto al Poder Ejecutivo, todavía no le damos suficiente valor y significación al hecho histórico de que la mitad del gobierno anterior haya sido juzgada y condenada por actos criminales que sobrepasan la tolerancia o resignación que los ecuatorianos hemos desarrollado frente a la corrupción. De la viveza criolla como usual moneda de cambio entre los ciudadanos, hasta el crimen organizado que se concibe o solapa desde Carondelet, hay la misma transición que existe entre la corrupción y la franca delincuencia. Si los condenados gobiernos cesantes ya están detenidos, asilados o prófugos, ¿debemos esperar que los actuales hayan cesado y se encuentren a salvo fuera del país para investigarlos por las acciones que los periodistas metiches y los correístas resentidos han denunciado?
Acerca del Poder Legislativo… ¿mejor ni hablemos? Si casi la mitad de nuestros así llamados asambleístas se encuentra detenida, denunciada, investigada, prófuga o simplemente aludida por asuntos de corrupción o delincuencia organizada, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos? Si el sagrado recinto que garantiza la emisión de las leyes que regulan las relaciones, los derechos, las obligaciones y los intercambios legítimos para beneficio de todos, se ha convertido en la taberna donde se acuerdan negocios podridos… estamos jodidos. ¿Y qué decir del Poder Judicial, endémicamente infectado por supuestos magistrados, leguleyos y tinterillos que se enriquecen cada día mercadeando “justicia”?
Hace más de medio siglo, el “caso Ludovico” en Guayaquil y el “crimen de la calle Vargas” en Quito, espantaron a los ciudadanos y captaron las páginas de la prensa durante semanas. Hoy en día pasarían desapercibidos en medio del diario aluvión delictivo, donde la página política y la crónica roja se han fusionado. Donde nuestra esforzada policía se siente desbordada por momentos, con pocos recursos y sin el reconocimiento de la población, peleando contra la criminalidad imperante e incluso contra los tres poderes oficiales del Estado que socavan el trabajo de nuestros gendarmes. Por si ello no fuera suficiente, los fondos del Isspol han sido sustraídos sistemáticamente durante quince años con la complicidad de poderes y autoridades.
Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿O tendremos que hacerlo nosotros mismos, asumiendo decisiones peligrosas? (O)
Fuente: El Universo
