Al disolver la Asamblea se detuvo un ‘macabro plan’ para tomarse las instituciones del Estado, dijo Guillermo Lasso sobre la muerte cruzada
El presidente insistió en su inocencia en el juicio político que se seguía en su contra.
Aplicar la muerte cruzada, mediante el Decreto Ejecutivo 741, y disolver la Asamblea Nacional, es una medida para frenar las intenciones de un grupo político por apoderarse de las instituciones del Estado y permitir el regreso del expresidente Rafael Correa.
Se detuvo “un macabro plan desde lo político”, dijo el presidente Guillermo Lasso, la noche del miércoles, en una entrevista en CNN, donde explicó los fundamentos para haber activado el mecanismo contemplado en la Constitución.
“La decisión de disolver la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, es precisamente para detener un plan donde primero venían por mi, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado, para producir impunidad y viabilizar el retorno de un presidente que ha sido sentenciado por corrupción, por la Corte Nacional de Justicia, y que no quiere cumplir con la pena establecida de ocho años de prisión”, aseguró Lasso.
Según el mandatario, para ese plan se pensaba usar al Parlamento; por ello se disolvió al órgano legislativo.
Al ser consultado sobre el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en ese supuesto “plan macabro”, Lasso mencionó que la entidad no puede ejecutar ciertos procedimiento porque hay funciones que son exclusivas de la Asamblea, que no pueden ser asumidas por el Consejo.
En ese sentido, comentó que, por ejemplo, el camino que se pretendía imponer en la Legislatura para cambiar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, era a través de un juicio político “y tenían los votos”. El CPCCS no puede enjuiciar a la fiscal, añadió.
Lasso explicó que la activación de la muerte cruzada fue pensada por varias semanas, observando “una actitud belicosa de los opositores” que plantearon el juicio político en su contra. Afirmó que la aplicación del artículo 148 respeta la Constitución, porque es una facultad del presidente.
Enfatizó que no se ha roto el ciclo normal de la democracia. “En Ecuador no se ha roto la democracia. Lo que ha habido es un acto de generosidad mía, de reducir mi periodo de gobierno, lo que falta dos años, a aproximadamente cuatro o cinco meses, que toma el tiempo de llamar a elecciones y posesionar al nuevo gobierno y a la nueva Asamblea”, resaltó.
Respecto del enjuiciamiento en el Parlamento, el gobernante insistió en su inocencia. Reiteró que el proceso careció de pruebas o testigos y que se basó en un contrato -entre Flopec y Amazonas Tanker- que fue firmado antes de su gobierno.
Aclaró que no esquivó el juicio político, que quiso ir a defenderse porque no ha cometido el delito de peculado -del que se le acusaba-. “Y porque de manera abusiva pretendían destituirme sobre la base de unos contratos suscritos en el gobierno anterior”, acotó.
Guillermo Lasso reconoció que su gobierno no ha sido perfecto y prometió rectificar. Que en la reunión que tuvo con su gabinete, tras haber firmado el Decreto 741, señaló que se debe tener claro que “los ciudadanos tienen razón”. La disposición es hacer en cinco meses lo que estaba previsto para dos años, indicó.
Durante la entrevista también se refirió sobre el sector indígena. Dijo que es legítimo y democrático si quieren participar en las elecciones presidenciales que se adelantarán. “Lo que no es democrático es lo que hicieron en junio de 2022, entrar a la ciudad de Quito, paralizar el país, producir pérdidas por más de $ 1.200 millones”, comentó.
Ante las elecciones anticipadas que se llevarán a cabo en los próximos meses, Lasso prefirió no adelantar si se presentará nuevamente como candidato a la presidencia.
Fuente: El Universo
