Contrato colectivo del IESS data de hace 16 años y da permisos de hasta 40 horas semanales a dirigentes
Una comparecencia de Rosa Argudo, secretaria general del sindicato del IESS, dejó dudas sobre participación de familiares en el IESS.
Han pasado 16 años desde que el contrato colectivo indefinido, celebrado entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Sindicato Nacional Único de Obreros del IESS, fue negociado y firmado por última vez. Aunque es un contrato desactualizado, presenta varios privilegios para los trabajadores, y sus dirigentes sindicales.
En favor de la organización sindical hay una serie de descuentos y cuotas ordinarias y extraordinarias, multas, entre otros, a los trabajadores que van dirigidos al sindicato. De acuerdo con el artículo 51 del contrato colectivo se concede permiso sindical de 40 horas semanales al secretario general, de organización estadística, actas y comunicaciones, finanzas, defensa jurídica y comunicación.
El contrato establece que la liquidación de indemnizaciones por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario será de siete salarios mínimos por año de servicio y hasta 210 salarios unificados del trabajador.
También establece una estabilidad de hasta cinco años. Así los trabajadores recibirán una indemnización de manera proporcional a su tiempo de trabajo.
- Recibirá una indemnización de 12 meses si el trabajador ha estado un día a tres años en su cargo.
- Recibe 24 meses de indemnización por tres a seis años de trabajo
- Recibe 36 meses de indemnización por seis a nueve años de trabajo
- Recibe 48 meses de indemnización de nueve a doce años de trabajo y
- Recibe 60 meses de indemnización de doce años en adelante.
Este contrato no está en la lista de los contratos que el Ministerio de Trabajo está revisando, pero ahora se ha vuelto parte de una polémica. Los beneficios de los trabajadores y de sus dirigentes sindicales han sido puestos a debate, luego de una comparecencia pedida por varios asambleístas azuayos, en Cuenca, a la secretaria general de Rosa Argudo y a otras autoridades del Hospital del IESS
Esta comparecencia, que tenía como objetivo hablar sobre un tema de mala práctica médica en el hospital José Carrasco Arteaga de esa entidad, terminó siendo un espacio para realizar un interrogatorio a la dirigente sindical sobre una larga lista de familiares (hijos, sobrinos) que estaban trabajando en el IESS.
Rosa Argudo lleva 22 años como secretaria general del sindicato del IESS. Frente a las preguntas que le hicieran cinco asambleístas del Azuay, prefirió no responder sobre sus bienes y si sus valores son correspondientes a sus ingresos. Los asambleístas también le consultaron sobre la propiedad de un hotel San Antonio en Cuenca, a lo que Argudo respondió que era de propiedad de la Confederación Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social (Cetoss). Sin embargo, medios de Cuenca han indicado que existe un registro que este bien inmueble estaba a nombre de Pablo Darío Terreros Argudo, su hijo.
Adicionalmente se le preguntó sobre un contrato del hospital de Cuenca, entregado a una empresa expendedora de bebidas, y que sería de propiedad de su hija Lourdes Angélica Terreros Argudo.
Sobre el tema del contrato colectivo del IESS, Richard Gómez, vocal del Consejo Directivo del IESS por los trabajadores, indicó que está desactualizado, pues fue firmado en 2008 y “contempla beneficios muy pequeños”. Los trabajadores tienen un subsidio de antigüedad y otro familiar. Si bien los trabajadores de ahí cuentan con el escalafón, para poder aprovecharlo cada trabajador debe seguir preparándose y estudiando. Considera que se trata de un contrato muy apegado a la ley y que no cuenta con mayores beneficios.
Sobre la comparecencia de Rosa Argudo, Richard Gómez explicó que la dirigente sindical representa a alrededor de 5.000 obreros de los 35.000 funcionarios del IESS. Y que la Asamblea no se concentró en preguntarle sobre sus actividades públicas.
Para Gómez es innegable que varios familiares trabajan en el Hospital del IESS. Sin embargo, puntualizó que algunos de ellos laboran ahí desde antes de que ella sea secretaria del Sindicato Nacional Único de Obreros.
“Pienso que se debe investigar cada proceso de contratación para aclarar si existe o no alguna anomalía”, dijo.
El representante de los trabajadores al IESS, quien también ha sido dirigente sindical de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), considera pertinente señalar que Cuenca es una ciudad pequeña donde hay muchas coincidencias familiares. Dice que, por ejemplo, una de las denunciantes, Soraya Puertas, también tiene familiares en el IESS. “Entonces, lo ideal sería que se investigue a todos los funcionarios, así como cada uno de los procesos de contratación”, comenta Gómez.
Explicó que se deben investigar temas importantes como los presuntos casos de mala práctica médica, cuando la doctora Puertas era gerente del Hospital. Es importante determinar si existen casos de tráfico de influencia, sin duda; pero que eso no desvíe otros temas de igual relevancia como posibles negligencias médicas, dijo.
Entre tanto, Herny Llanes, representante de los afiliados y jubilados del IESS, comentó que por las denuncias que se han hecho públicas en el caso de Rosa Argudo, al parecer sería una muestra de lo que sucede con la corrupción en el Seguro Social.
A su parecer “no debería regir el Código del Trabajo ni la contratación colectiva en las relaciones laborales del Seguro Social, ni la ley del sector público”. El Seguro Social es un Seguro creado para proteger la salud de los afiliados, para atender los riesgos del trabajo y para proteger la jubilación. Explicó que el Seguro Social no es una fábrica de hacer calzado, no es una empresa que produce bienes y servicios para ser comercializados y obtener una ganancia.
Por lo tanto, agrega que no debe regir esta norma; es más los afiliados no podemos ser considerados como empleadores o patronos, ya que el IESS es de los afiliados.
Considera también que el Seguro Social no es una entidad pública estatal, que sea parte del Gobierno central, por eso es que el artículo 372 de la Constitución establece que los recursos del Seguro Social no son del fisco y que ninguna institución debe intervenir. Para Llanes, el IESS debería tener su propia ley. (I)
Fuente: El Universo
