Legisladores tildan de ‘barbaridad jurídica y defensa de intereses políticos’ lo ocurrido en la sesión de la Comisión de Fiscalización
Como barbaridad jurídica, ilegalidad, falta muy grave, error de procedimiento y hasta que es muestra del desconocimiento del proceso legislativo califican algunos asambleístas lo ocurrido la noche del lunes 9 de septiembre en la Comisión de Fiscalización cuando en una sesión accidentada no se logró calificar el proceso de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y que fue elevado al pleno de la Asamblea Nacional para su análisis.
Para el asambleísta Leonardo Berrezueta, del bloque de la Revolución Ciudadana, el accionar de la Comisión de Fiscalización deja mucho que desear y dice que el legislador Luis Alvarado -que actuó como presidente encargado en la sesión, luego que se apeló la presidencia a Pamela Aguirre- desconoce del procedimiento parlamentario al haber aprobado una resolución en la mesa que va en contra de la decisión del pleno de días atrás.
“El máximo organismo de la Asamblea Nacional es el pleno y que una comisión, cualquiera que esta sea. Más aún, la Comisión de Fiscalización resuelva en contra de lo establecido por el pleno es una falta muy grave la que acaba de cometer la Comisión de Fiscalización… es importante que entendamos que las cosas en derecho se deshacen de la misma forma en que se hacen”, indicó.
El pasado 3 de septiembre, con 87 votos, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que rechaza y condena la sentencia del juez Édgar Romero que otorgó una acción de protección por el archivo de tres juicios políticos a ministros del gobierno de Guillermo Lasso, y consecuentemente suspende el trámite del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. En la resolución se limitaron a cuestionar que la sentencia emitida interfiriere flagrantemente en la independencia de las funciones del Estado.
Berrezueta manifestó que, ante lo sucedido, el orden correcto ahora es que el pleno de la Asamblea Nacional conozca la “barbaridad jurídica” que, a su juicio, cometió el día de ayer la Comisión de Fiscalización en cuanto al juicio político de la ministra Palencia y sobre el de la fiscal Salazar dice que es un tema absolutamente sui géneris, desde el punto de vista legal.
“Primero se plantea una moción de calificar el juicio político de la asambleísta Gisela Garzón. Esa moción no pasa. Por lo tanto, el juicio se archiva. Luego viene una siguiente moción que dice unifiquemos el juicio político del señor Héctor Balladares con el juicio político de la señora Garzón, pero el de Garzón ya no existe, ¿con qué unifico? Es como que digan vamos a casarnos y el novio o novia ha sido asesinado”, explica.
Para Berrezueta, el segundo pedido de juicio político presentado por Valladares está en firme y dice que se deben dejar de lado los gritos y los compartamientos incorrectos entre legisladores e insta al pleno a conocer si es posible este mismo martes la situación ocurrida la noche del lunes en la Comisión de Fiscalización.
“Conocemos que ya hay de otras bancadas pedidos de cambio de orden del día para esta tarde y estaremos al pendiente, de aquello conversaremos con el presidente de la Asamblea Nacional y con las demás bancadas para que se haga cumplir el derecho, para que reine la legalidad y no las barbaridades jurídicas que el día de ayer vimos en una conducción atropellada en una sesión que a nuestro criterio avergüenza a la Asamblea Nacional”, subrayó.
El legislador Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, coincide en que ahora es el pleno del Legislativo el que debe conocer lo que resolvió la mesa de fiscalización y proceder a archivar el juicio.
“Nosotros estamos bastante sorprendidos de la forma tan irrespetuosa y ligera con la cual han manejado el proceso del juicio político de la señora fiscal general del Estado y en general el manejo del cronograma de juicios políticos”, dice.
Sobre lo que debe conocer el pleno, el vicepresidente de la comisión, Luis Alvarado (ADN), ya notificó este 10 de septiembre al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), lo aprobado por la mesa. En la carta de notificación informa que se aprobó con cinco votos a favor la moción presentada por el asambleísta José Lenin Rogel Villacís (antes PSC), dentro del segundo punto del orden del día, “2. Según lo previsto en los artículos 80 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, avocar y calificar el/los trámite/s de enjuiciamiento político en contra de la señora Lady Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, cuyo texto se detalla a continuación:
“Acumular los juicios políticos presentados en contra de la fiscal general del Estado, Dra. Lady Diana Salazar Méndez, por los asambleístas Héctor Guillermo Valladárez González y Gissela Garzón Monteros (ambos correístas) de conformidad con lo dispuesto en el art. 80.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.”
Peñafiel dice que su bancada ve que “de parte del Gobierno nacional hay un interés supremo de proteger y blindar a la ministra Palencia, buscando la impunidad de ella y del otro lado de la Revolución Ciudadana están pretendiendo precisamente utilizar la Comisión de Fiscalización para la vendetta personal en contra de la fiscal”.
“Vemos dos intereses políticos asquerosos sometidos a la institucionalidad de la Comisión de Fiscalización que no tiene liderazgo, no tiene normativa que les imponga y que hacen lo que les da la gana”, apuntó.
Peñafiel dice que ahora le corresponde al pleno conocer lo sucedido ya que son “los únicos que juzgan políticamente” y les corresponde también pronunciarse así se trate de una moción de archivo.
“Quien archiva finalmente debe ser el pleno de la Asamblea Nacional de acuerdo a la ley… la Comisión solamente recomienda el archivo y el pleno es quien finalmente archiva y los asambleístas son los únicos jueces políticos que pueden juzgar en pleno, en sesión convocada, a cualquier autoridad que tenga responsabilidad política”, manifestó y subrayó que la bancada de Construye seguirá estando en contra de enjuiciar politicamente a Salazar.
Peñafiel recordó que la postura de su bloque es que el juicio de Salazar no debía haber sido ni siquiera calificado.
“No nos olvidemos que en el CAL que cuando se calificó entre quienes votaron a favor estuvo también el Gobierno, ADN y la Revolución Ciudadana juntitos votando, así como el Partido Social Cristiano. Hoy día es que empiezan las dinámicas propias en donde comienzan a cambiarse de bandos, cambiar de posiciones sin ningún tipo de coherencia política”, aseveró.
Por su parte, el legislador César Umajinga (SUMA-ADN), miembro de la mesa de Fiscalización, indicó que ya cumplieron con “el debido proceso constitucional” y analizaron el tema del juicio político de la fiscal y unificaron los dos juicios porque tienen conexión con la misma persona.
“Se mocionó, se unificó y posteriormente presentó una moción para que sea acogida, debatida y para que en ese efecto se pueda archivar el juicio político, para nosotros está concluido, está terminado el juicio político de la fiscal del Estado. No hay otras tratativas, no hay otra posibilidad en que puedan jugar o buscar estrategia política para la Comisión está concluido en un 100% el trámite”, apuntó.
Umajinga dijo que es posible que dentro de la comisión se pretenda reactivar el juicio y que serían “patadas de ahogado de la gente de Revolución Ciudadana, que pretende buscar estrategias, juego político, y la impunidad al narcotráfico y delincuentes”.
Resaltó que Salazar ha hecho un trabajo valiente que lo reconoce el pueblo ecuatoriano y el mundo entero y que ese respaldo viene de su parte desde hace nueve meses atrás.
El legislador no mencionó que ahora sea tarea del pleno definir el archivo del proceso y en cambio comentó que si la resolución pasa a la presidencia de la Asamblea Nacional, “se requiere un informe de relatoría” de esa área para darle trámite.
“Si ellos analizan jurídicamente pasaría al pleno, en caso de que no, para nosotros está terminado el tema del conocimiento del juicio de la fiscal”, indicó. (I)
Fuente: El Universo
