Ningún pueblo delega el poder para que, una vez electos, los conciudadanos que se hacen con la confianza ciudadana pretendan administrar los bienes públicos con discrecionalidad, oscuridad y prepotencia. Cualquiera de estas prácticas en el ejercicio del poder, por parte de nuestras autoridades electas, debería ser razón de escrutinio, repudio ciudadano, y, de ser el caso, revocatoria de mandato.

La razón de ser de la búsqueda del poder, debe ser el afán de servir al colectivo que, luego de revisar minuciosamente los antecedentes de los candidatos y escuchar sus propuestas, decide depositar su confianza y su esperanza en quien, a criterio de la mayoría de electores, hará realidad la consecución del bien común. En la práctica, sin embargo, a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, la búsqueda del poder parece estar, casi siempre, enturbiado por la búsqueda de prosperidad individual y vanidad personal, haciendo del bien común un mero enunciado que, por negligencia ciudadana o habilidad discursiva de los tenedores del poder, termina siendo una esperanza fallida.

La Constitución de la república, la Ley orgánica de Organización Territorial y Descentralización, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otras leyes proveen a la ciudadanía, tanto de manera individual como colectiva,  con mecanismos de participación para contribuir a la transparencia en el manejo de los bienes públicos y establecen la responsabilidad de los funcionarios de elección popular de responder a la ciudadanía a través del mecanismo de rendición de cuentas. Sin transparencia y sin rendición de cuentas, el manejo de los bienes públicos genera inquietudes ciudadanas que, de no ser atendidas de manera clara y oportuna, restan credibilidad y confianza a quien detenta el poder.

Uno de los efectos que genera la sospecha de que los fondos públicos no están siendo manejados de manera pulcra y eficiente, es la activación del derecho que tenemos los ciudadanos de verificar que lo actuado por nuestras autoridades esté enmarcado en la Ley y en la ética. Pues, no podemos olvidad que el Art. 204 de la Constitución de la República establece que “el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público”.

Lo expuesto en días pasados por la Concejal Nancy León, respecto a aparentes gastos incompatibles con la transparencia y la eficiencia, con ocasión de la celebración del bicentenario de la cantonización de Girón,  no debe ser tomado a la ligera por parte de la ciudadanía que, en su condición de primer fiscalizador de la administración pública municipal, tiene el pleno derecho de recibir del conciudadano alcalde  toda la información y los justificativos que borren sospechas de manejos indebidos. El conciudadano alcalde, se ha tomado su tiempo para rendir cuentas a la ciudadanía, sobre este caso en particular. Es de desear que la demora en la rendición de cuentas no traiga más dudas respecto a la transparencia con que los nobles ciudadanos de Girón demandamos sean manejados los fondos del erario cantonal.

El conciudadano alcalde debe entender que quienes confiamos en él, cuando fue candidato, lo hicimos, entre otras cosas, porque según su discurso de campaña, él condenaba a quienes en el pasado habían ido al municipio sólo para “llenarse sus propios bolsillos”. En esta narrativa estaba implícita una denuncia de supuesta corrupción en administraciones pasadas y una garantía de que eso no ocurriría en su administración. De allí que, frente a las observaciones planteadas por la concejal Nancy León, lo único que cabe es una rendición de cuentas más allá de satisfactoria para los ciudadanos gironenses, tanto de aquellos que hacen su lucha en territorio, como de aquellos que, por mil razones, hacemos patria desde lejos de la patria.

Alcalde y concejales deben entender que secretismo y discrecionalidad en el manejo de lo público es incompatible con la honradez y la integridad y, por ende, con la búsqueda del bien común. Entiendan todos ustedes, por ejemplo, que haber tenido, en los 14 meses que llevan en funciones, más sesiones extraordinarias que ordinarias, es un alarmante síntoma de secretismo. Entiendan ustedes que no haber activado la participación de la ciudadanía mediante el uso de la silla vacía, es una señal de que se desperdicia el control social. Entiendan también que, en todos ustedes está la posibilidad de demostrar a la ciudadanía que, si hubo errores de bue a fe, éstos se corregirán y no se volverán a repetir. Recuerden que transparencia y rendición de cuentas es antídoto contra la corrupción.

Este Girón de 200 años de historia no tiene porqué ser uno más de los cantones que, por la indiferencia de sus hijos honrados, ve frustrada la construcción del bien común. Las explicaciones y justificativos del conciudadano alcalde y de los concejales debe o despejar todas las dudas o activar, por caminos cívicos, democráticos y legales, los mecanismos de corrección del rumbo de la administración municipal.

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