Los hospitales públicos del Ecuador se les fueron de las manos al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), las dos instituciones que, en los papeles, dirigen, vigilan y controlan el uso de recursos en sus entidades adscritas.
Si bien la corrupción dejó de ser una novedad hace muchos años en Ecuador, durante los últimos tres meses –en plena pandemia– alcanzó un matiz especial, pues el mapa de denuncias y sospechas creció tan rápido como el de contagios y muertes de miles de ecuatorianos –pobres, en su mayoría– que no tuvieron atención oportuna para tratarse de COVID-19.
A las pocas semanas de iniciada la emergencia sanitaria, decretada el pasado 11 de marzo para enfrentar la pandemia, la prensa y las redes sociales revelaron millonarias compras con sobreprecios, procesos irregulares, contratistas que no cumplían los requerimientos legales y técnicos… Mascarillas o fundas para cadáveres, implementos esenciales para dotar al personal médico, eran adquiridas a precios exorbitantes o a proveedores que nada tenían que ver con temas de salud.
“Donde toca uno, hay pus”, reconoce el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, refiriéndose a las contrataciones realizadas por los hospitales públicos. Sin embargo, al igual que el resto de autoridades del ramo, prefiere no dar nombres ni hacer precisiones mientras la Contraloría y la Fiscalía no concluyan sus indagaciones.
Solo en los tres meses de emergencia sanitaria, basada en denuncias de corrupción en la compra de insumos, la Contraloría ha iniciado 86 exámenes especiales relativos al sistema de salud, de los cuales 40 corresponden a hospitales del MSP. Del mismo modo, existen 30 auditorías en los del IESS, incluidas su sede central y oficinas seccionales.
A la vez, la Fiscalía –bajo la premisa de que se ha cometido algún delito de tipo penal– ha abierto desde marzo hasta la fecha 27 investigaciones previas y una instrucción fiscal por irregularidades en los hospitales. En 21 expedientes sus acusaciones apuntan a que hubo peculado; en tres, tráfico de influencias; en dos, concusión; en uno, cohecho; y en otro, alteración de evidencias.
Un vistazo a los casos investigados muestra que en 22 de las 24 provincias hay posibles casos de corrupción hospitalaria. Solo en Napo y Esmeraldas no se han abierto auditorías aún, lo que no quiere decir que no haya denuncias a nivel local.
En total, son alrededor de 50 hospitales de casi todo el país los que están siendo investigados por la Contraloría o la Fiscalía, debido a los indicios encontrados de abuso del dinero público en la emergencia.
El Ministerio de Salud, sede central, también es objeto de un examen especial de Contraloría, al igual que el Instituto Nacional de Investigación (Inspi), 42 direcciones distritales, y 2 coordinaciones provinciales.
Las órdenes de trabajo disponen de un análisis de la contratación-ejecución, entrega-recepción y distribución de bienes, servicios, equipos, insumos, dispositivos y medicinas para atender COVID-19.
Según el ministro, lo único que puede hacer el MSP es un control exclusivamente contable –por ejemplo, de cumplimiento presupuestario–, pues en lo que se refiere a verificación de ítems, precios, cantidades, calificación de proveedores, concursos… existe discrecionalidad y autonomía en cada casa hospitalaria.
El presidente del Consejo Directivo del IESS, Jorge Wated, hace un diagnóstico similar. “Cada unidad hospitalaria (del Seguro) tiene su unidad de compras públicas y así ha funcionado el sistema por años”.
La salida que plantean ambos es la misma que han repetido sus predecesores: crear comisiones y retocar las viejas estructuras administrativas.
A nivel interno, los equipos de la Contraloría y Fiscalía están desgastados. No solo por la inestabilidad que generó la pandemia, sino por la falta de certeza en que sus funcionarios puedan seguir trabajando, tras los anuncios de despidos hechos por el Gobierno. Auditores y fiscales hacen lo que pueden. Piden documentos y arman los casos en persona o por vía digital, cada vez con menos recursos.
Los involucrados contestan a través de sus abogados y, lo que no se dice oficialmente para no abrirse un frente con la Corte Nacional de Justicia ni la Judicatura, es que muchos cabildean y reparten coimas en los tribunales para que sus clientes salgan indemnes. O, para que en otros, queden impunes.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, cree que durante años se consolidaron mafias que atravesaron los débiles mecanismos de control. En el 2019, recuerda, luego de una investigación documentada, la Comisión alertó al MSP y al IESS de “al menos seis grupos, cada uno con hasta diez empresas plenamente identificadas con el atraco a los hospitales”. En ese entonces, no hubo respuesta; hoy esas denuncias sirven para sustentar varios casos.
Leonardo Viteri, exasambleísta, cirujano e investigador, dice que los negociados vienen desde tiempos del correísmo, “cuando, por ejemplo, los servicios de guardianía, alimentación y limpieza se entregaban a los gobernadores, asambleístas y políticos afines”.
Luego, agrega, “se inventaron las gerencias para ponerlas por encima de las direcciones. Los gerentes de los hospitales eran los recaudadores (de dinero ilícito). Ahora, ya no son los políticos, sino los proveedores quienes están poniendo a los directores”.
Ministro de Salud quiere evitar el régimen de emergencia
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