Dirigentes de las 61 parroquias agrupadas en el Conagopare-Azuay realizaron plantón ayer.
Todo empezó con la resolución adoptada por la Agencia Nacional de Tránsito, del 23 de febrero de este año, en la que se resuelve aprobar reformas al Manual de Requisitos para la Emisión de Títulos Habilitantes de Tránsito, con lo que se dejó de lado la exigibilidad de que los propietarios de vehículos presenten el comprobante de pago de la tasa solidaria, misma que está vigente en la provincia del Azuay, según Ordenanza.
La medida deja sin piso el plan de descentralización de competencias convenido entre la Prefectura y los Gobiernos Parroquiales del Azuay, por lo que los últimos tras un análisis realizado ayer, resolvieron adoptar una medida de hecho con obstaculización de vías en lugares estratégicos, para lo cual se convocará a los habitantes de cada jurisdicción, según anunció el presidente de la Conagopare-Azuay, René Lucero.
“Hemos estado esperando la respuesta de la ANT pero no hay, parece que nos están subestimando a los gobiernos parroquiales. Es un tema de las parroquias, ya no siquiera de la Prefectura del Azuay. La asamblea decidió que este lunes, desde cada parroquia se paralice estratégicamente a la provincia, esperamos que nos den soluciones”, dijo el dirigente del Consorcio de Gobiernos Parroquiales.
Si las personas no cancelen la tasa, los gobiernos parroquiales no contarán con el presupuesto para este año, de 7 millones 778 mil 818 dólares, mismo que estaba previsto con la recaudación del aporte ciudadano más la contraparte de los entes parroquiales (1’767.856 dólares). Los recursos son para el mantenimiento de la vialidad rural que ahora es competencia de los GAD parroquiales.
La defensa
Ayer, el prefecto Paúl Carrasco, la viceprefecta María Cecilia Alvarado, asesores jurídicos como Édgar Bermeo, Geovanny Palacios, Tarquino Orellana, y la concejala de Cuenca Dora Ordóñez, ofrecieron ayer una rueda de prensa conjunta sobre el tema.
La viceprefecta María Cecilia Alvarado anunció que empieza la defensa de un sistema de gestión vial que le asiste a la provincia, utilizando para ello todos los elementos legales disponibles, algunos en materia penal inclusive.
Defenderemos el sistema en el área administrativa, civil y hasta penal. “Se ha dispuesto en Girón y Gualaceo que no se exija el comprobante de pago de la tasa solidaria en la matriculación; pedimos que se nos envíe la resolución certificada pero sólo hemos recibido un oficio, la EMOV tampoco ha recibido ninguna notificación y lo que es más, en la sesión del CONGOPE de este miércoles, ninguna otra provincia se había siquiera enterado del tema”, expresó la autoridad, al reiterar que se trata de una persecución política.
Hablan de la reforma a un manual, lo que inobservaría el artículo 425 de la Constitución que establece la jerarquía de las normas, en la que incluso ni siquiera se menciona a los manuales, dijo.
Alvarado sostiene que se está violando el artículo 103 de la Ley Orgánica de Tránsito, que señala que la matrícula vehicular será emitida por la Agencia Nacional de Tránsito o los GAD que tengan la competencia, previo el pago de las tasas e impuestos correspondientes y el cumplimiento de los requisitos previstos en el reglamento.
Azuay tiene una ordenanza provincial publicada en el Registro Oficial del 18 de diciembre de 2014, la misma que no ha sido impugnada, derogada ni modificada, y que está en vigencia, agregó.
Además citó el artículo 5 del COOTAD respecto de la autonomía política, administrativa y financiera; y el artículo 6 en cambio, respecto de la prohibición que tienen las instancias del Estado, de interferir en las acciones de los GAD.(AZD)-(I)
Prefecto acusa
La Prefectura ha sido afectada por una serie de posiciones del Gobierno nacional y de los sectores oficialistas en lo local; primero sobre los áridos nos bloquearon el acceso a los mismos obtenidos en la estabilización, luego en la mina La Virginia tampoco nos permiten sacar material, es decir no hay cómo trabajar y suben los costos del mantenimiento vial, manifestó el prefecto Paúl Carrasco.
“Hay un ataque sistemático, el tema del peaje, el de la auditoría vial, el de las fincas del ex CREA, el de los límites , todo el tiempo existe agresión a la Prefectura. Si no trabajan no estorben, si no nos dan que no nos quiten, ofrecieron 500 millones y no nos dan, piden que nos autofinanciemos y nos interrumpen, dejen en paz al Azuay”, expresó Carrasco.
MÁS DETALLES
– La Prefectura con sus asesores jurídicos trabaja en la definición de los procedimientos legales entre ellos la repetición del cobro de la tasa (cobrar a quien lo impidió) y el inicio de juicios de coactivas.
– Los ciudadanos están obligados al pago porque la ordenanza de la tasa solidaria no se ha derogado y las multas por mora son del 3% mensual, explicó María Cecilia Alvarado, al hacer un llamado al pago.
– Más del 70% de de la tasa solidaria es de los contribuyentes de Cuenca. Si se aplica la reforma, también deberá prohibirse el cobro en Tungurahua, al igual que a los municipios que cobran el impuesto al rodaje.
Fuente: El Mercurio
