Gobiernos de signo político diferente refuerzan la seguridad frente al crimen organizado, el narcotráfico y la explotación de los flujos migratorios
Las alarmas por las crisis de seguridad en América Latina se encienden en toda la región, de México a Chile y Argentina, pasando por Ecuador y Perú. La expansión del crimen organizado, alimentada por el narcotráfico y la explotación de los flujos migratorios, ha disparado los índices de violencia y, en mayor o menor medida, repercute en todas las esferas de la vida pública. La consecuencia más directa es el descontento de la población y, en el terreno político, el revés que este fenómeno supone para los gobernantes. A la caída de la popularidad se suman el atasco de las reformas y, a veces, decisiones discutibles como la que anunció antes de la Semana Santa el Gobierno de Ecuador.
El presidente Guillermo Lasso relajó la normativa para llevar armas, abriendo la puerta de la tenencia a los ciudadanos mayores de 25 años que aprueben un test psicotécnico y un examen de destreza. Esta medida, que ha recibido muchas críticas precisamente por un posible efecto multiplicador de la violencia, ha sido adoptada para hacer frente a un profundo malestar social. El 85% de los ecuatorianos considera que la delincuencia se ha disparado en los últimos meses y casi la mitad declara que un familiar fue víctima de un robo o un atraco a finales del año pasado, según una macroencuesta de la consultora Gallup. Los datos respaldan esa percepción —en 2022 hubo un 83% más de asesinatos que en 2021—, a pesar de que este tipo de salidas que fomentan la autodefensa no parece ser una solución sensata.
Lasso es un político nítidamente conservador, pero en un espectro ideológico radicalmente diferente, Gabriel Boric también tiene que lidiar con una crisis de seguridad sin apenas precedentes en la historia reciente de Chile. El homicidio del tercer carabinero en poco más de tres semanas ha elevado la presión para que el joven presidente de izquierdas endurezca la respuesta contra la delincuencia. Esa urgencia tiene difícil encaje en la coalición de Gobierno, que la semana pasada se fracturó en el Congreso ante una ley que aumenta el poder de los cuerpos policiales y afronta, además, un delicado debate sobre migración.
La violencia está complicando los planes de los principales gobiernos de la región. Las imágenes de las playas militarizadas de México son la última muestra de un problema estructural que va del río Bravo a Sudamérica. Aunque las guerras entre cárteles no le hayan pasado factura, según las encuestas, a Andrés Manuel López Obrador, durante el mandato se han visto los límites de su lema de “abrazos, no balazos”, en referencia a una pacificación del país. Las estrategias de seguridad necesitan, en todo el subcontinente, atender a una cantidad de factores que incluyen las crisis políticas, la miseria y los flujos migratorios, fortalecer las inversiones contra el crimen organizado y las mafias transnacionales y mejorar la coordinación con Estados Unidos.
Fuente: El País
