Asamblea resuelve respaldar el trabajo realizado por la Fiscal Diana Salazar en Caso Metástasis
Con 74 votos a favor, 46 en contra y 6 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes una resolución de respaldo al trabajo que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y su equipo investigativo, han realizado por el denominado caso Metástasis.
La investigación referida, cuya importancia fue recalcada por el Legislativo, aborda una presunta gran trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial por infiltración y sobornos del narcotráfico.
En la sesión 879, la Asamblea acordó “rechazar todo intento de manipulación de la Justicia, abuso del Derecho y mal uso de las acciones constitucionales“, así como “actos de intimidación o amenaza en contra de la Fiscal General del Estado, jueces, fiscales, policías y peritos que se encuentran a cargo de esta investigación”.
Asimismo, el Legislativo resolvió exhortar al presidente de la República, Daniel Noboa, a disponer a los cuerpos de seguridad del Estado desplegar todo su contingente, con la finalidad de garantizar la seguridad de quienes desarrollan la investigación.
Los 46 votos en contra a la resolución de respaldo provinieron de la bancada correísta, la más numerosa de la Asamblea Nacional.
El jueves 14 de diciembre, el Ministerio Público realizó 75 allanamientos relacionados a la presunta trama de corrupción. Treinta personas fueron detenidas en el megaoperativo y al menos una docena de ellas fueron encarceladas provisionalmente por orden de un juez de la Corte Nacional de Justicia.
Para la Fiscalía, todos los detenidos eran parte de una estructura creada en diferentes niveles del Estado y en varias provincias del país para favorecer a Leandro Norero, uno de los presuntos grandes narcotraficantes de Ecuador, asesinado el año pasado en la cárcel de Latacunga, a 70 kilómetros al sur de Quito.
Al registrar los teléfonos celulares de Norero tras su asesinato, el Ministerio Público halló “evidencias” de una red de influencias y sobornos conformada por funcionarios judiciales de la Corte Nacional y cortes provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y Guayas, a cambio de beneficios judiciales.
Entre los sujetos que guardan prisión preventiva se halla el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.
La Fiscalía sostiene que él era juez de la Corte Nacional en el momento de los hechos y que desde esa posición tuvo una presunta colaboración con el grupo criminal en la planificación para comprar las decisiones de los jueces nacionales frente a un eventual recurso de habeas corpus en favor del hermano de Norero.
Fuente: Vistazo
