La presentación del Plan Nacional Minero dejó certezas a los empresarios y dudas a los dirigentes y autoridades locales. En un evento donde se habló con términos generales, sin un dato concreto, el vicepresidente de la República Otto Sonnenholznerreiteró que en Ecuador “Donde hay minerales habrá minería”.

La presentación del documento que regirá la política minera en todo el país se realizó en el Centro de Interpretación Cultural de la nacionalidad Shuar, ubicado en la parroquia Timbara. El acceso fue limitado y la seguridad presidencial solo dejó ingresar a quienes estaban en una lista. No importó la distancia que recorrieron, solo que su nombre conste en la hoja de papel.

El ministro de Energía y Recursos no renovables, Carlos Pérez, dijo que el contenido de este Plan Nacional Minero tiene seis ejes, siete objetivos y siete políticas públicas que ese momento, también de manera muy general, los resumió en un trabajo articulado en las siguientes áreas: Desarrollo económico, Sostenibilidad social y ambiental, Investigación y desarrollo, Gestión y administración, regulación, control y combate a la minería ilegal y finalmente normativa legal.

La razón para presentar el Plan Nacional Minero en esta provincia, ubicada al sur de la Amazonía es porque este año empezará la explotación a cielo abierto de oro y cobre a gran escala con los proyectos Fruta del Norte y Cóndor mirador, respectivamente. Esto, según el Ministro, significará una recaudación aproximada de $836 millones entre los años 2019 y 2021 por regalías, impuestos, patentes y utilidades.

En la actualidad, Ecuador adjudicó 275 concesiones mineras bajo el proceso de subasta y remate que permitirán una inversión de $1.250 millones hasta el 2021. Con esto la expectativa es que también crezca el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), del 1,6 al 4% en los próximos treses años para así convertirse en la primer monto de ingreso y dejar más abajo la producción petrolera o la exportación de banano y cacao.

Otro de los planteamientos fuertes es terminar con la minería ilegal porque, según Pérez, genera problemas económicos y ambientales. Se refirió al caso de Buenos Aires en Imbabura donde afirmó hay “guerrilla, armas, prostitución, inseguridad, trata de personas” y son unos pocos los beneficiados.

Para erradicar esto se apoyarán en los Ministerios del Interior o Ambiente.

Aunque el Ministro aseguró que el documento fue socializado, el representante de la comunidad Shuar, Rubén Nanchap, afirmó en público y lo ratificó en una entrevista que incluso después que terminó el evento no tenía certezas del beneficio que recibirán las comunidades cercanas una vez que inicie la explotación. “Lo que queremos saber es cómo se van a canalizar los recursos”, no habló de un apoyo o rechazo a la minería, sino de exigir un derecho como pueblo ubicado en la zona de influencia y de presencia ancestral.

La fase de explotación en estos dos proyectos, prevista para comenzar en diciembre de este año, extraerá 3,18 millones de toneladas de cobre, más oro y plata, durante 30 años.

Según información del Ministerio de Recursos No renovables, para este periodo de Gobierno el sector minero se comprometió a invertir más de $ 3.800 millones y que hasta el momento ha generado más de 22.000 empleos directos.

El Vicepresidente reconoció que la minería y toda actividad deja consecuencias ambientales, pero que “lo importante es reducirlas a la mínima expresión o remediarlas durante o después de la explotación”. De esta manera, acotó, se abre la puerta para los empresarios honestos.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner en la presentación, en el Centro de Interpretación Cultural de la nacionalidad Shuar. Foto: Johnny Guambaña.

Este mensaje de apoyo lo entendió con toda claridad Jorge Barreno, gerente general de INV Minerales Ecuador, al asegurar que de aquí en adelante se genera un marco de seguridad para la inversión extranjera sin perder de vista la integración de las comunidades y la protección al medioambiente.

En un ambiente el que el sector ha recibido varios “ataques”, el asegurar la inversión foránea es muy importante.

La presentación del Plan Minero también coincide en un contexto de Consultas Populares planteadas desde grupos antimineros para frenar esta actividad.

El 24 de marzo pasado se preguntó a los habitantes del cantón azuayo Girón si querían minería cerca del proyecto hidrológico Kimsacocha y la respuesta mayoritaria fue no. Mientras que hoy en la Corte Constitucional se realiza una audiencia sobre un proyecto ubicado en las provincias Imbabura y Carchi.

En su ingreso a la Prefectura del Azuay, Yaku Pérez Guartambel, aseveró que impulsará una consulta popular en toda la provincia para que la gente decida si quiere o no minería metálica que en este caso aplica principalmente para los proyectos Loma y Larga Río Blanco. A esto el Ministro de Energía y Recursos no renovables respondió que con la nueva reglamentación se verá si estas “progresan o no”.

En el caso de la Consulta realizada en Girón, Azuay, el 24 de mayo pasado, dijo que al habérsela aplicado después de la concesión no tiene ningún fundamento y es inaplicable. Además que no se consultó a la gente adecuada y que el agua está más alto que la mina por lo que es muy difícil que se contamine.

Actualmente en el país están en agenda cinco grandes proyectos mineros estratégicos, cuyas concesiones están en ejecución: Mirador (cobre), Fruta del Norte (oro), Río Blanco (oro y plata), Loma Larga (oro) y San Carlos (cobre). (I)

Fuente: El Universo

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