$ 10 millones al día, las pérdidas por la corrupción en Ecuador
Cuando se recorren los pasillos del hospital de Solca en Guayaquil, cuando se habla con Charlie, un taxista que ha superado el cáncer, o se conoce la historia de Abel, un pequeño que falleció de leucemia a los 10 años, tienen sentido las duras palabras de Modesto Apolo al referirse a otro tipo de cáncer, a uno que corroe la sociedad entera: “La corrupción no es solamente un delito, es un crimen contra la vida, contra la salud, contra el derecho de los ecuatorianos a una mejor calidad de vida”.
Apolo ha enfrentado dos veces el cáncer, es el presidente de la Fundación Ecuatoriana contra el Cáncer y también miembro del Consejo Directivo de Solca. “La corrupción es incuantificable, pero el problema no es la cantidad sino que los ecuatorianos lo vean como algo habitual, pagarle a un juez o a un vigilante”, dice Apolo.
Cómo luchar contra la corrupción con jueces que no se molestan en notificar (las fechas de audiencias) y que luego no le mandan las sentencias… Siento que las tareas pendientes son enormes”.
Martha Roldós, coordinadora de la Comisión Anticorrupción en Guayas.
No se conoce con exactitud el impacto económico de la corrupción en Ecuador, pero hay estimaciones realizadas por la Comisión Anticorrupción considerando los presupuestos de inversión, el contrabando, la evasión tributaria o la deuda externa. “Tomando datos del propio Gobierno, hemos establecido como piso, no como techo, la cifra de $ 35.000 millones en los diez años del Gobierno anterior”, afirma Jorge Rodríguez, titular de esa comisión.
Esto equivale a un promedio diario de $ 10 millones, es decir, seis teletones o los tratamientos de unas 300 personas que viven con cáncer en el país. “El dinero de la corrupción nos hubiera permitido eliminar el déficit presupuestario, disminuir la pobreza, mejorar las condiciones de la economía para el bienestar de los ecuatorianos”, analiza Rodríguez al criticar que hoy, que el mundo celebra el Día de la Lucha contra la Corrupción, en Ecuador no hay ningún motivo de festejo.
Y no lo hay, explica, porque no ha regresado el dinero que ha salido del país por la corrupción y porque los funcionarios investigados están prófugos.
“Tenemos bloqueados $ 33 millones en Suiza (caso Petroecuador), pero no los podemos traer, porque los procesos judiciales no caminan, y los banqueros solo aceptan una devolución una vez que se obtiene una resolución de última instancia”, dice el veedor y agrega que de las 17 denuncias de corrupción presentadas por la comisión 14 fueron archivadas en el Gobierno anterior. “Inclusive la Corte Nacional declaró una de las denuncias (caso Manduriacu) como maliciosa. La denuncia del caso Caminosca se reabrió por la presión internacional”, menciona Rodríguez.
En la Fiscalía de la Merced, en Guayaquil, se tratan los casos contra la Administración Pública. Foto: Ángel Aguirre.
La impunidad judicial o, como califica el comisionado, una ‘lentitud desesperante’ representa una traba a la hora de sancionar la corrupción.
Martha Roldós, coordinadora de la Comisión Anticorrupción en Guayas, menciona que la justicia americana recuperó $ 3 millones de una persona vinculada al caso Petroecuador, pero que esos dineros no vendrán al país, porque aquí el detenido no enfrenta juicio.
¿Qué hacemos para poder combatir la corrupción? Esa es la pregunta. Cuando uno está enfermo, ¿qué le pregunta al médico?, pues qué puedo hacer para curarme. Hay que inculcar valores”.
Modesto Apolo, miembro del Consejo Directivo de Solca.
“La Fiscalía, las cortes, nos deben mucho en la lucha contra la corrupción. Todavía estamos esperando los informes, los grandes casos por peculado… y también las figuras que son intocables. Salieron los audios entre (Carlos) Vaca y el señor (José) Serrano, el uno dejó de ser fiscal, el otro dejó de ser presidente de la Asamblea, pero sigue siendo asambleísta…”, critica la activista política.
En el país las denuncias de corrupción se enmarcan en los delitos contra la administración pública, establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Entre ellos, por ejemplo, los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho o tráfico de influencias.
Desde el 2017, en que asumió el nuevo Gobierno, se han incrementado las denuncias en algunos de estos delitos, según datos de la Fiscalía General del Estado. Muchas de las denuncias se vinculan a proyectos, obras o contratos del régimen anterior. En el 2016 se presentaron 19 denuncias por enriquecimiento ilícito a nivel nacional, mientras que este año, hasta noviembre, hubo 92.
Los casos de tráfico de influencias pasaron de 76 hace dos años a 122 este año, mientras que subieron de 163 a 215 los de concusión, cuando un funcionario exige un beneficio económico como acto de presión para cumplir su función.
“Esto se debe a que ahora hay un mayor interés de la ciudadana para denunciar actos de corrupción”, afirma el fiscal Enry Bazurto, de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública en Guayaquil, integrado por 6 fiscales.
De las 200 denuncias que Bazurto investiga en su despacho, al menos 20 –de peculado y enriquecimiento ilícito– han llegado con el informe previo requerido de la Contraloría.
Sin embargo, explica, algunas veces estos informes son confusos. “No determinan bien cuál es la afectación para el Estado”, dice Bazurto, quien manejó la indagación contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel.
Sí hay corrupción en la justicia, desde que los jueces dan fallos, a veces, para soltar al delincuente. Hay dinero de por medio, pero no se puede probar porque ellos (judiciales) lo hacen con abogados inescrupulosos”.
José Hidalgo, abogado en libre ejercicio y excomisario.
Por esa investigación, el fiscal enfrentó amenazas del exfuncionario, según consta en una denuncia presentada este año y por la cual la Fiscalía le otorgó protección especial.
“Uno es funcionario público, hace su trabajo, nada es personal ni dedicado, sino en bien de la sociedad”, comenta el fiscal.
Alfonso Ordeñana, juez de la sala Civil de la Corte Provincial de Justicia, también resalta el trabajo de los jueces y afirma que “es inadmisible que las cosas se logren a través de la corrupción”. “La gran mayoría de jueces somos jueces correctos, responsables, y lo que se hable y lo que siga debe comprobarse”, considera Ordeñana.
No obstante, una encuesta que elabora la Comisión Anticorrupción del Guayas, según dice uno de sus integrantes, César Cárdenas, revela que para la ciudadanía la corrupción judicial se mantiene. “Hasta ahora, los datos preliminares, es que la corrupción en el sistema judicial persiste, que no se ha reinaugurado la justicia”, dice.
La corrupción, agrega el directivo de Solca, también persiste en el sistema social, básicamente porque no se educa a la población en valores. “Esto no va a parar hasta que no haya una sinceridad en el sistema, hasta que todos nos preguntemos qué podemos hacer para combatir la corrupción”.
Apuntes Día clásico
La primera convención de las Naciones Unidas contra la corrupción se firmó en 2003 y está vigente desde el 2005, como una guía para prevenir y luchar contra este mal. Cada año se paga $ 1 billón en sobornos, según la ONU.
Audiencias fallidas
De 30.000 pasaron a 113.000 audiencias fallidas, entre 2011 y 2013, según el monitoreo de la CNA. (I)
