Sin protocolos para protegerlos de la violencia, mujeres y niños en Ecuador fueron obligados a estar con sus agresores en la pandemia
“Segura que quiere denunciar, no va regresar el próximo mes con su marido”, le habría dicho una fiscal a una mujer que fue a denunciar
, días atrás, al Complejo Judicial Florida Norte, norte de Guayaquil, el maltrato físico por parte de su pareja, contó la víctima, quien se indignó ante la pregunta y comentarios de la funcionaria.
Es uno de los casos en que mujeres maltratadas por sus convivientes ven obstáculos en la misma justicia para iniciar un proceso en contra de ellos, más en esta pandemia, cuando, por el aislamiento social, viven o están con sus maltratadores.
Cuando empezó la cuarentena en Ecuador por el COVID-19, el 17 de marzo de este año, día en que arrancó el estado de excepción, no hubo protocolos para atender a mujeres, niños y adolescentes, víctimas de maltratos y abusos, que quedaron en confinamiento con sus agresores por la crisis sanitaria.
Activistas y defensores de derechos humanos encendieron enseguida las alarmas por la violencia que aumentaba en los hogares –como sucedía en otras naciones en cuarentena obligatoria– sobre todo en Ecuador, donde más del 90 % de las mujeres maltratadas o violentadas en su hogar no denuncian estos hechos, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2019.
El 18 de marzo, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de Belém do Pará– (Mesecvi) de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó a los estados miembros, del cual Ecuador es parte, la incorporación de la perspectiva de género en las medidas que se dicten para mitigar la pandemia del COVID-19. Las naciones debían reforzar acciones para prevención y atención de la violencia de género.
En Ecuador, el 27 de marzo, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE nacional) aprobó el protocolo de Comunicación y atención de casos de violencia de género e intrafamiliar en la emergencia por coronavirus (COVID-19).
El 9 de abril, el secretario de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó un informe sobre la exacerbación de la violencia y de las inequidades a las que estaban expuestas mujeres y niñas y llamó a los gobiernos a tomar “medidas urgentes” para protegerlas.
En el país, el protocolo aprobado por el COE nacional tuvo un alcance al 16 de abril para facilitar, en situación de inmovilización, la articulación interinstitucional y la operación presencial de servicios del ejecutivo y de la Función Judicial y no dejarlas desprotegidas, dijo en su momento Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos en Ecuador.
El 19 de abril, la Fiscalía General del Estado habilitó la opción para denunciar en línea la violencia intrafamiliar, adicional a la denuncia presencial o física que se podían hacer en las unidades de flagrancia que operan las 24 horas en el país.
Y aunque se ampliaron servicios, mecanismos para denunciar en línea o por teléfono, campañas, chats comunitarios, programas y otros proyectos para ayudar a las víctimas, la escala de violencia en el hogar contra niños y mujeres no para. Y muchas incluso desconocen estas propuestas y no pueden denunciar porque sus agresores pasan con ellas.
“Quise ayudarle a una amiga, pero me piden (en la denuncia en línea de la Fiscalía) que ponga su cédula, correo (electrónico), teléfono…, cómo voy a poner su teléfono si luego la llaman y ella no podrá decir nada porque está todo el día con el marido. Y el marido es celosísimo, no la deja ni ir a la tienda”, cuestiona Ángela M., del noroeste de Guayaquil.
Ante ello, entidades públicas como la Defensoría del Pueblo y otros grupos de defensa de los derechos humanos han emitidos varios manifiestos y exhortos públicos para que el Estado asuma su responsabilidad y dé respuestas urgentes.
Uno de estos fue firmado por 42 organizaciones sociales ecuatorianas y más de 45 adherentes individuales, con base en los informes remitidos a la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos, y constaban aquí la violencia de género y la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes.
Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito y una de las firmantes, dice que no han visto ninguna acción efectiva, con enfoque de género y de derechos humanos, para prevenir la violencia en contra de niños y mujeres durante la pandemia.
“No hemos tenido ningún cambio en positivo, hemos visto cómo se han incrementado los femicidios en este tiempo (cuarentena). Vemos con alarma eso y también vemos con alarma el incremento de violencia sexual en contra de niños, a lo largo de este tiempo. En maltrato infantil, que también nos llama la atención, registramos 19 casos de muertes violentas en contra de niños: 11 niñas y 8 niños…”.
Y ante los tres casos de femicidios del 21 de agosto, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Presidencia de la República, a las carteras de Estado y a la Función Judicial a buscar mecanismos eficientes para detener la ola de agresiones contra la mujer y la familia.
“No es posible combatir la violencia basada en género y la violencia femicida si no se cuenta con una verdadera voluntad política traducida en presupuesto, para que todas las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el marco de sus competencias, solventen políticas de atención, protección, pero, sobre todo, de prevención y reparación integral que, hasta ahora, están ausentes en el mapa del accionar público”, expone Freddy Carrión, defensor del Pueblo de Ecuador, en el exhorto que publicó el 22 de agosto.
Y continúa. “El discurso debe verse traducido en hechos reales que permitan aplanar la curva de crecimiento del número de femicidios, pues lo único que nos dejan entrever es la deshumanización que la política pública tiene para tratar estos crímenes atroces contra las mujeres de nuestro país”, sostiene. (I)
Fuente: El Universo
