Descubren inconsistencias en el patrimonio de 10 jueces: Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal
Diez jueces están bajo la mira de las autoridades, tras descubrirse un crecimiento inusual de sus patrimonios.
La Contraloría General del Estado (CGE) remitió a la Fiscalía, entre el último trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, 10 informes con indicios de responsabilidad penal de jueces provinciales, multicompetentes y de primer nivel.
En 2022, el organismo de control emitió 30 órdenes de trabajo para realizar exámenes especiales a jueces de varias provincias del país, entre ellas: Loja, Azuay, Tungurahua, Los Ríos, Pastaza y Guayas.
Se aprobaron 20 informes generales y 10 con indicios de responsabilidad penal, que fueron remitidos a la Fiscalía para el trámite correspondiente.
El equipo de auditoría determinó inconsistencias en la confrontación de la información registrada en las declaraciones patrimoniales juradas de 10 magistrados, que actuaron entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022.
El Art. 16 de la Ley de Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, establece el “Carácter público de la declaración y reserva de la confrontación y examen”. En lo pertinente señala que:
“(…) La información constante en las declaraciones patrimoniales juradas será pública. La confrontación y examen tendrán el carácter de reservados … salvo para quien está siendo investigado, y solo perderán este carácter si, una vez, remitido a la Fiscalía General del Estado un informe con indicios de responsabilidad penal, esta inicia la instrucción respectiva”.
Esta misma normativa establece que, están obligadas a presentar la declaración patrimonial jurada todos los servidores públicos al iniciar y finalizar la gestión y a actualizarla cada dos años, plazo que se cuenta desde la fecha de presentación de la última declaración.
Las declaraciones contienen información completa sobre los activos y pasivos del declarante, de los pertenecientes a la sociedad conyugal o sociedad de hecho, de los hijos menores de edad, tanto en el país como en el extranjero, por lo tanto, toda la información constante en el formulario debe tener sustento en la documentación de soporte.
