Corte Constitucional alista dictámenes de tratados internacionales para posible apoyo de fuerzas de seguridad de Estados Unidos en territorio ecuatoriano
En el gobierno del expresidente Guillermo Lasso se suscribieron dos acuerdos con los EEUU, para permitir cooperación frente al crimen organizado.
La Corte Constitucional (CC) prepara su respuesta a pedidos de constitucionalidad de dos tratados internacionales suscritos entre Ecuador y Estados Unidos para apoyar tareas de vigilancia marítima, aérea y de capacitación militar en territorio nacional frente a la expansión del crimen organizado.
El expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, solicitó a los jueces constitucionales un pronunciamiento de dos tratados internacionales suscritos en el 2023 con el gobierno de los Estados Unidos, para que apoyen operaciones a las tres fuerzas: Armada, Aérea y del Ejército ecuatoriano.
Estos instrumentos entraron en discusión de la Corte Constitucional en noviembre del 2023 y está a punto de conocerse sus dictámenes.
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Uno se denomina ‘Acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas’, firmado el 27 de septiembre del 2023 entre el excanciller, Gustavo Manrique y el embajador norteamericano en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, que lo analizó el juez y presidente, Alí Lozada Prado.
El segundo se denomina ‘Acuerdo al Estatuto de las Fuerzas’, dado el 6 de octubre de 2023 por Manrique y Fitzpatrick, cuyo proyecto de dictamen lo elaboró la jueza, Carmen Corral Ponce.
Los magistrados analizaron los proyectos en una sesión del jueves anterior, pero todavía no se notifica a las partes la decisión; es decir, si tuvo un informe favorable.
Su fallo se dará en medio de la vigencia de un conflicto armado interno y estado de excepción de 60 días, declarado por el jefe del Gobierno, Daniel Noboa Azín, en un contexto de amotinamientos carcelarios, la fuga de dos líderes de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), quema de vehículos, buses, asesinatos, secuestros de policías y de miembros del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria, observados desde el 7 de enero pasado.
El decreto ejecutivo 111, emitido por la administración de Noboa reconoció que los actos que protagonicen 22 GDO serán considerados como terrorismo y los sospechosos detenidos serán procesados bajo ese delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas busca fortalecer la cooperación para «detectar, desalentar y suprimir actividades transnacionales ilícitas que se efectúan a través del mar».
El expresidente explicó a la CC que no se requeriría de un tratamiento en la Asamblea Nacional, pues no se hacen alianzas políticas o militares ni contiene el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. Se sustentan -indicó- en la legislación interna, el derecho internacional vigente y de instrumentos internacionales de los que Ecuador es suscriptor.
No obstante, como parte del control constitucional, solicita que se determine si requerirán aprobación del Parlamento.
Se justifica, por ejemplo, que el Ecuador es uno de los puntos de distribución para mercados internacionales por las rutas marítimas al centro y norte de América, moviendo un mercado que superaría los $ 953 millones, cuyo efecto es la disputa por el control de las rutas de exportación.
El documento se ceñirá particularmente, de ser aprobado por la CC, entre la Armada del Ecuador y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, para:
- Prevenir, debilitar y suprimir el tráfico ilícito de drogas.
- La delincuencia organizada transnacional.
- El tráfico ilícito por mar de migrantes.
- La proliferación de armas de destrucción masiva, químicas, bacteriológicas y tóxicas; y,
- La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Para su suscripción, el régimen de Guillermo Lasso informó a la Corte que los Estados Unidos no realizarán operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas en mar territorial sin la autorización expresa del Estado ecuatoriano.
Prevé la autorización del Ecuador, a través de la Armada del Ecuador, para que ese país realice operaciones contra actividades ilícitas en cuatro circunstancias específicas, siempre sujeto a la autorización de la Armada o de un agente a bordo ecuatoriano.
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Sobre el control del espacio aéreo ecuatoriano se precisó que será «siempre con autorización y coordinación del Ministerio de Defensa» y para tres fines:
- Transitar el espacio aéreo nacional ecuatoriano.
- Aterrizar y permanecer temporalmente en la Base Aérea Simón Bolívar y otros aeropuertos alternos designados por el Ecuador; y,
- Transmitir órdenes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a aeronaves sospechosas que aterricen en territorio ecuatoriano.
El acuerdo plantea que salvo que se disponga lo contrario, las aeronaves de una Parte no ingresarán en el espacio aéreo nacional de la otra Parte sin la autorización expresa de la otra Parte.
Es decir, que los equipos extranjeros no ingresarán sin la autorización de las autoridades ecuatorianas y, «todas las operaciones aéreas estarán sujetas a las leyes aeronáuticas del Ecuador y las disposiciones de la Convención de Chicago de 1944».
De tener visto bueno de la CC, habrá el derecho de los vehículos, buques y aeronaves operadas por los Estados Unidos «siempre que actúen en virtud del acuerdo, a no ser sujetos al pago de derechos de aterrizaje, estacionamiento, portuarios, navegación o sobrevuelo, de peajes ni de otros cargos de uso como gastos de gabarra y de puerto en el Ecuador».
También, señala que pagarán los costos razonables de los servicios solicitados y recibidos.
Lasso informó que el acuerdo no se refiere a materia territorial o de límites, ni establece alianza política o militar alguna. Al contrario, «se trata de un acuerdo de cooperación para aunar esfuerzos entre la Armada y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos.
Tampoco se refiere a los derechos y garantías establecidas en la Constitución, ni compromete la política económica a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales, ni compromete al país en acuerdos de integración y de comercio».
El segundo, el Acuerdo al Estatuto de las Fuerzas, «no es un acuerdo de defensa mutua o un acuerdo de seguridad y no autoriza ejercicios, actividades o misiones específicas. Tampoco implica reciprocidad en acciones militares», detalló el exmandatario en su petición de dictamen.
En el documento, Lasso apuntó la necesidad porque, según datos oficiales, del 2019 al 2023 la captura de sustancias ilícitas se incrementó: en el 2015 fue de 79,14 toneladas métricas ™ al 2022 de 201,350 tm.
Y, entre enero y octubre de 2023 se había incautado 151 tm de droga, con la detención de 7.968 personas por narcotráfico, en un país que desde el 2019 reporta al menos 19 pistas de aterrizaje no autorizadas y 15 avionetas.
Se indicó que este acuerdo son documentos que se firman «en tiempos de paz y no tratan sobre las reglas de la guerra, las leyes de los conflictos armados o las leyes del mar».
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Uno de sus artículos del acuerdo propone que personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se desplace al Ecuador por «cortos periodos de tiempo» para entrenar y capacitar a los cuerpos de seguridad y colaborar con la Armada Nacional y la Fuerza Aérea «en la interdicción de la droga».
Esto debido a que la extensión de los espacios marítimos y aéreos alcanzan el 1′200.000 kilómetros cuadrados y se podría usar tecnología sofisticada para detectar embarcaciones, semi-sumergibles y aeronaves civiles.
Este acuerdo no implicaría un acuerdo de seguridad, sino que establece los derechos, privilegios y garantías al personal estadounidense que arribe al Ecuador, expuso Lasso en su solicitud.
Aunque no se refirió a estos acuerdos, el presidente, Daniel Noboa, adelantó que aceptará el apoyo del gobierno de Argentina, que ofreció pie de fuerza para el trabajo militar y, el de los Estados Unidos.
«Este no es un momento… por ego o vanidad, decir ‘que no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares acá’. Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, soldados, asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento», afirmó en una entrevista radial.
Enlazado a ello, el 11 de enero de 2024, el Gobierno norteamericano informó, a través de su embajada en Quito, que en las próximas semanas llegarán «altos funcionarios» para «explorar» formas de colaboración.
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Entre ellos, el subsecretario de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson; el subsecretario Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan; y la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson.
Se ofreció incrementar intercambio de inteligencia, cooperación para combatir las actividades cibernéticas maliciosas, y la asistencia en la aplicación de reformas penitenciarias, así como agentes que apoyen en investigaciones criminales. (I)
Fuente: El Universo
