La Contraloría General del Estado utiliza inteligencia artificial desde enero de 2024, para analizar y detectar variaciones irregulares en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.

La Controlaría General del Estado se apunta a una de las tecnologías más prometedoras de 2024: la inteligencia artificial (IA), con la que busca detectar los patrimonios injustificados de los funcionarios públicos.

Este fue el anuncio del contralor del Estado, Mauricio Torres, en una rueda de prensa en Quito. Según Torres, el uso de la IA servirá para reducir los tiempos de la revisión de las declaraciones patrimoniales, empezar a evacuar los controles represados y centrarse en aquellos casos que resulten más sospechosos.

A inicios de este mes ya se iniciaron las pruebas con algunos exfuncionarios del anterior Gobierno, incluyendo al expresidente, Guillermo Lasso.

Torres también reveló que se auditan los patrimonios de generales de las Fuerzas Armadas, pero sobre esto aún no hay resultados.

Actualmente, la Contraloría cuenta con 2.900 funcionarios y las revisiones patrimoniales por revisar abarcan unas 3.400 entidades públicas.

Cada proceso requiere la conformacion de un equipo auditor, de cuatro o cinco personas, al que le toma varios días para muchas veces determinar que no existen novedades.

Por ello, para el Contralor con la tecnología IA se puede detectar de inmediato incrementos y reducciones (que también pueden ser sospechosas) de patrimonios y permitirá a las autoridades poner mayor atención en esos casos.

Para poner a punto este sistema de IA se necesitan recursos humanos (300 o 400 auditores más) y económicos, aunque no mencionó el monto exacto.

Torres espera que con la pregunta planteada en la consulta popular, los recursos para revisar los patrimonios a los funcionarios judiciales, se destinen a sistemas tecnológicos para auditar al sector público.

Por otra parte, Torres informó que desde que asumió el cargo, el 28 de noviembre, hasta la fecha ha firmado 32 informes con indicios de responsabilidades penales que alcanzarían los USD 40 millones.

Fuente: Primicias

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