Grupos de delincuencia organizada superan en número a policías y militares
Un informe sobre crimen organizado del organismo ‘Armed Conflict Location & Event Data’ reafirma lo dicho por expertos en seguridad. Las bandas siguen creciendo pese a la declaratoria de conflicto armado interno. De hecho, hay más miembros de bandas criminales que policías.
Cuando Ecuador declaró el conflicto armado interno, en enero de 2024, el Gobierno informó que había 22 bandas a las que declaró terroristas.
Un año y medio después, el conflicto armado interno que contempla la militarización de calles y cárceles ha contenido crisis como las matanzas en los centros penitenciarios, pero, al parecer, también influyó en la proliferación de grupos delictivos. Ahora son 37, según el informe de ‘Armed Conflict Location & Event Data’, organización dedicada a la recopilación de datos sobre violencia en distintas naciones. Esta organización recibe financiación de diversas fuentes, incluyendo fundaciones, agencias gubernamentales y organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea.
El informe denominado ‘Cómo la implacable violencia de las pandillas ha puesto a prueba el enfoque militarizado del Presidente’, destaca que los miembros de grupos de delincuencia organizada superan en número a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por separado.
Mientras Ecuador tiene 57.000 policías y un poco más de 40.000 militares, el informe detalla que las bandas han estado expandiendo su presencia a más de 150 de los 221 municipios del país y están extendiendo su alcance a Perú, Chile y Colombia. “Se cree que sus filas están compuestas por no menos de 15.000 miembros, pero según algunos expertos en seguridad y estimaciones militares no oficiales, hasta 60.000 personas —no solo ecuatorianos, sino también ciudadanos colombianos, venezolanos y peruanos— pueden estar vinculadas a la actividad de las pandillas en el país”, detalla el informe publicado en junio de 2025.
Instituciones debilitadas están entre los factores para que crezcan los delitos
El informe en el que se entrevistaron a militares, policías y expertos en seguridad ecuatorianos detalla que los cambios en el narcotráfico durante la última década y el progresivo debilitamiento de las instituciones ecuatorianas han creado un caldo de cultivo para la proliferación de varios grupos criminales locales. Esto, a su vez, desencadenó una violenta competencia por el control de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, primero en las cárceles, “que se convirtieron en los cuarteles generales de las pandillas en los últimos años, y luego en las calles”.
El punto de quiebre para la proliferación de nuevas bandas fue el asesinato de alias Rasquiña, líder de los Choneros, que mantenía el control de las bandas que hasta ese entonces eran brazos armados de su organización: Lobos, Chonekillers, Tiguerones, Lagartos y más.
Con la muerte de Rasquiña estos grupos no solo se separaron de los Choneros, sino que iniciaron una “cacería” para exterminarlos y adueñarse de sus territorios, especialmente en Manabí.
¿Cómo evitar que sigan creciendo las bandas criminales?
Ivonne Tellez, docente investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), señala que el fenómeno abarca distintas aristas, más allá del narcotráfico.
“Hay que considerar que el aumento de toda la delincuencia no es un tema aislado, sino que hablamos de una serie de factores de carácter social y económico que no solo están en el campo de la seguridad.
El número de bandas crece en función de las condiciones, por ejemplo, el hecho de que Ecuador se posicione como una de las rutas más importantes para el narcotráfico”, dice Tellez.
El ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Harold Burbano, confirma esta realidad y señala que según estimaciones estatales, de los 60.000 miembros de grupos de delincuencia organizada, entre el 3% y 4% son menores de edad.
Tellez y Burbano coinciden en la necesidad urgente de recomponer el tejido social.
Por una parte, el no recuperar las cárceles hace que el reclutamiento no se frene y que haya una mayor presencia “de delincuencia en las calles”, dice Tellez.
Otro factor que permite el crecimiento del crimen organizado es “la corrupción y la impunidad que han permeado las instituciones del Estado”, recuerda Tellez y toma como ejemplo el caso Metástasis que reveló cómo la Justicia trabajaba para favorecer al narcotráfico.
Y si bien la depuración de instituciones del Estado es indispensable, también lo es crear condiciones que no vuelvan a los ciudadanos “más proclives a trabajar para bandas delictivas”, agrega Tellez.
Sobre este aspecto, Burbano señala que el MIES es parte de la comisión de prevención para erradicar el reclutamiento de menores de edad por bandas delincuenciales. El trabajo se enfocará en tres universos:
1 Niños y adolescentes que ya tuvieron conflicto con la ley penal por sus vínculos con el crimen organizado: solo en 2024, cerca de 3.000 niños, niñas y adolescentes ya fueron aprehendidos y procesados.
2 Menores que no han tenido contacto con la ley penal, pero son parte de grupos de delincuencia organizada: un 4% de menores, en el universo de 60.000 miembros de grupos armados delictivos.
3 Menores en familias que viven en zonas con mayor presencia de bandas y en pobreza extrema.
Burbano destaca que trabajarán en coordinación con el Bloque de Seguridad. “Luego de los operativos militares y policiales hay niños rescatados que tienen que ir a casas de acogida”.
Uno de los objetivos del MIES es tener casas de acogida exclusivas para menores que han sido parte del crimen organizado.
“El objetivo final es que los niños y sus familias tengan un programa de vida que los aleje de vincularse a estas bandas”, agrega Burbano. (AVV)
Fuente: La Hora
