La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió los primeros testimonios como parte de las pruebas de cargo requeridas por los solicitantes del juicio político al primer mandatario, Guillermo Lasso.

Este martes 18 de abril de 2023, comparecieron Luis Verdezoto, exsecretario Anticorrupción; y, Fabián Pozo, exsecretario Jurídico de la Presidencia de la República.

Luis Verdezoto se refirió al informe de la investigación efectuada por pedido del Presidente de la República sobre las empresas eléctricas, la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP) y Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), indagación que tomó 10 días. Indicó que este documento recoge hipótesis sobre los posibles procesos administrativos que podrían generar corrupción.

Explicó que no se investigaron casos específicos, se revisaron algunos procesos contractuales de manera global y se pudo identificar problemas de gobernanza en las empresas públicas.

Añadió que la información obtenida en ningún caso constituye prueba de la existencia de un acto de corrupción, tampoco se establecen presunciones de responsabilidad, solo se establecen pautas para la elaboración de políticas públicas anticorrupción.

Al ser consultado si mantiene su criterio sobre la integridad ética del presidente Lasso, subrayó que sí, porque conoce directamente al Mandatario y no puede hacer extensiva esa percepción a ninguna otra persona relacionada con el Gobierno.

De su lado, el exsecretario Jurídico, Fabián Pozo dijo que se acusa injustamente al Presidente de la República por un supuesto peculado en un contrato suscrito en 2018, renovado en 2020, antes de que ejerza su mandato, de un contrato que recibió recomendaciones de la Contraloría General del Estado, las cuales fueron acatadas en 2021 y que llevó a Flopec EP a tener 180 millones de dólares de rentabilidad, frente a un historial de constantes perjuicios y pérdidas para el Estado.

Aseguró que el Primer Mandatario jamás modificó la conformación del Directorio de EMCO, que está establecida en el artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas. Tampoco es cierto, dijo, que el Presidente de la República haya concentrado poder a través de EMCO, puesto que la estructura de las empresas públicas está determinada en la Ley que fue aprobada en uno de los gobiernos anteriores.

Recordó que la Secretaría Jurídica de la Presidencia elabora los borradores de los decretos que responden al marco jurídico que rige el país; luego son dictados por el Presidente de la República para su posterior publicación en el Registro Oficial que da lugar a su vigencia. Todos los decretos son debidamente motivados y, de ninguna manera, reforman o modifican las leyes, añadió.

La oposición en la Asamblea Nacional ha enjuiciado a Lasso bajo la acusación de un presunto delito de peculado en unos contratos para el transporte de hidrocarburos entre Flopec y Amazonas Tankers, firmados antes de que el presidente llegase al poder, pero de los que supuestamente fue advertido de las presuntas irregularidades una vez en el cargo.

Para censurar al jefe del Estado se requieren no menos de 92 votos, que equivalen a las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, compuesta por 137 legisladores.

Fuente: Vistazo

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