El caso Fachada investiga a jueces que trabajarían para el grupo narcoguerrillero Comando de la Frontera. El objetivo sería salvar de la ley a los hijos del líder de este grupo señalado de asesinar a 11 militares en la Amazonía.

Lo que parecía una estructura criminal lejana, asentada en zonas remotas, estaba más cerca de las estructuras de poder. Se trata del Comando de la Frontera, organización narcoguerrillera a la cual se culpa de la emboscada en la que se asesinó a 11 militares de Ecuador en la Amazonía.

El Comando traspasó la zona fronteriza donde, según la Policía, se dedica a la minería ilegal, el tráfico de drogas, de armas, la trata de personas y otros delitos.

¿Cómo llegó a Quito el Comando de la Frontera?

El día que los 11 soldados de la Brigada de Selva 19 Napo fueron asesinados, en el Complejo Judicial Norte de Quito se realizaba una audiencia contra 13 procesados por delincuencia organizada. Entre ellos, los hijos de uno de los líderes del Comando Frontera.

Según la Fiscalía, Roberto Carlos Álvarez Vera, líder del Comando de la Frontera –a través de argucias jurídicas– habría intentando obtener la libertad de sus hijos, quienes son parte de los procesados por supuesta delincuencia organizada.

Cuando los procesados fueron aprehendidos se reveló que los tentáculos de este grupo narcoguerrillero se extendían más allá de la Amazonía o de la frontera con Colombia.

El 29 de agosto de 2024, la Fiscalía ejecutó un operativo simultáneo en cinco provincias (Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas y Orellana), logrando la detención de personas vinculadas a esta organización. Durante los allanamientos se incautaron vehículos de alta gama, teléfonos móviles, armas, municiones, computadores y más de $100.000 en efectivo.

Jueces anticorrupción fueron corrompidos por el Comando de la Frontera, según Fiscalía
Roberto Carlos Álvarez Vera, líder del Comando de la Frontera, se encuentra prófugo y no puede ser procesado por este caso mientras no esté en Ecuador.

Sin embargo, desde el anonimato, habría comprado a jueces para liberar a sus hijos. Así fue que nació el caso Fachada.

Un total de 21 jueces forman parte de la Unidad de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado, creada en Ecuador desde el año 2022.

De estos jueces, tres ya cumplen prisión preventiva por tener presuntos vínculos con el grupo narcodelincuencial Comandos de la Frontera, al que se le atribuye el aumento de muertes violentas en la Amazonía ecuatoriana.

Los tres jueces anticorrupción, a los que la Fiscalía allanó, pertenecen a una unidad que se creó para luchar contra delitos ligados al crimen organizado y que contó con financiamiento de Estados Unidos y la Unión Europea.

El concurso de la selección de jueces, que se supone luchan contra la corrupción, lo realizó el Consejo de la Judicatura, con los vocales de ese entonces: Xavier Muñoz, Maribel Barreno, Juan José Morillo y Fausto Murillo. Todos actualmente destituidos.

Entre los indicios fijados y levantados por la Fiscalía se incluyen: fajos de dinero en efectivo (cerca de $100.000), celulares, dispositivos USB, computadores y documentos que tendrían relación con los hechos investigados.

¿Cómo nació el caso Fachada y cuál es su relación con el Comando de la Frontera?
La Fiscalía detalló que el caso Fachada se originó por una denuncia anónima, en la que se detallaba que ya estaba “todo planificado” para liberar, de forma fraudulenta, a Carlos Andrés y Kerly Álvarez Cordero, hijos de Roberto Álvarez Vera, presunto cabecilla de la organización narcoguerrillera.

Ambos hermanos son procesados por delincuencia organizada y cumplen prisión preventiva. Ellos fueron detenidos en España.

Los Comandos de la Frontera son un grupo altamente peligroso y herederos de las FARC
El coronel ecuatoriano en servicio pasivo Mario Pazmiño, así como el coronel (retirado) del Ejército de Colombia, Jaime Ariza, señalaron que los orígenes de los Comandos de la Frontera vienen de las disidencias de las FARC, manteniéndose como un grupo delincuencial que maneja el narcotráfico en la región del Putumayo.

Ariza precisa que las operaciones desarrolladas por el Gobierno colombiano del expresidente Álvaro Uribe, que permitieron dar de baja al líder de las FARC, Raúl Reyes, en 2008, y que generaron el conflicto internacional con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, tenían como objetivo a esta fuerza irregular que ya dominaba parte del territorio.

El especialista en temas de seguridad precisó que este grupo se ha alineado con la Segunda Marquetalia, que es liderada por el narcoguerrillero colombiano Iván Márquez, desde Venezuela.

Por su parte, Mario Pazmiño indica que las autoridades del país deben prestar mayor atención a los desplazamientos de estos grupos criminales, advirtiendo que “lo preocupante es que esta organización forma parte de una estructura de avanzada del grupo Comando Vermelho, que es una protomafia brasileña”.

Una protomafia es una estructura delictiva que se encuentra por debajo de las mafias y superior a los carteles. Son organizaciones que controlan y se desplazan en varios países, mientras las mafias lo hacen a escala global, según explicó Pazmiño.

Acotó que el Comando Vermelho (Brasil), con apoyo del Comando de Frontera (Colombia), están avanzando para controlar zonas en las fronteras de Colombia, Perú y Brasil, y ya ha penetrado hacia el Putumayo Alto y Ecuador, por Sucumbíos.

Pazmiño advirtió que “hay una falta de Inteligencia a nivel gubernamental sobre las acciones que están tomando estos comandos”. (DLH)

Fuente: La Hora

Anterior

Ecuador exportará 19 000 litros de leche UHT a El Salvador

Siguiente

Niels Olsen es el presidente de la Asamblea Naciona

Deja una respuesta

Revise También: