El congreso de la Ecuarunari a desarrollarse el 18 y 19 de junio en Quito, definirá protesta nacional.
Eran centenares de indígenas y campesinos, llegaron desde diversas comunidades de las provincias de Azuay y Cañar hasta el redondel de la subida a Turi, decididos a caminar varios kilómetros para presentar por escrito la demanda de inconstitucionalidad del Reglamento a la Ley de Aguas que lo consideran atentatorio a los sistemas comunitarios de agua, y a la vez solicitar a la Contraloría General del Estado que realice auditorías sobre algunos procedimientos del gobierno del presidente Rafael Correa.
Antes de partir hubo limpias y se rociaron los pies y cabeza con una mezcla de aguas traídas de Kimsacocha, Santa Ana, Girón, Checa y otros lugares; con profundo respeto, inclinaban la cabeza los quichua-cañaris para recibir de manos de Mama María Paute, este producto.
“En una mezcla de agüita que hemos traído para armonizarnos, para poder caminar, luchando por nuestra agüita que no queremos que se privatice ni se contamine. Somos de campo, tenemos aves, animales y bosque y no queremos eso se destruya, estamos dispuestos a luchar por nuestros hijos y renacientes, luchamos sin armas, sin nada”, expresó Mama María Paute.
Frases como “No hay arroz, no hay maíz, sólo borregos de Alianza País” y otras que mezclaban el castellano y el quichua, como “Abajo Kaspi Uma de Correa”, fueron coreadas constantemente durante el trayecto que tomó alrededor de tres horas, desde el redondel de la subida a Turi hasta avanzar a la oficina regional de la Corte Constitucional y Gobernación, para terminar finalmente en la regional de la Contraloría General del Estado.
En el recorrido fue evidente el respaldo de algunos ciudadanos que salieron a los balcones, otros a las puertas de viviendas y edificios para aplaudir y expresar su afinidad con la marcha de protesta contra el régimen.
Consignas
Hombres y mujeres de avanzada edad no cesaron en el grito de consignas, cantos y bailes en defensa del agua, pero también en contra el gobierno.
Desde Pachón, cantón Suscal, provincia de Cañar, vino Rosa Quinde. Ella afirmó: “Nosotros no queremos cocinas de inducciones, ni que se privatice el agua porque estamos viendo que en municipios ya están altos precios. Sólo estamos tres o cuatro delegados de cada comunidad, si no mismo hace caso el gobierno, vamos a salir todos”.
“Pedimos a la Contraloría que se haga una auditoría especial al endeudamiento externo que llega a 32 mil millones de dólares según datos del Ministerio de Finanzas, récord en la historia del Ecuador, sin contar con los 7.000 millones que los chinos ofrecieron y la deuda que está adquiriendo en Finlandia e Islandia; igual, una auditoría a los ingresos petroleros desde el 2007 al 2014, 150.000 millones de dólares, qué pasó con ese dinero. También que se audite a las compañías de telefonía celular y un examen especial de auditoría a los 427 enlaces ciudadanos más conocidos como sabatinas”, expresó el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez.(AZD)-(I)
Presentación de documentos
Al llegar la manifestación al edificio Akrópolis se dijo que ya no funciona en el lugar la regional de la Corte Constitucional, luego, que por orden de la representante, Cristina Toral, estaba prohibido el ingreso de periodistas; pero finalmente ella recibió el documento a los comuneros.
Hubo un fuerte resguardo policial; en la Gobernación del Azuay se cerraron las puertas, sólo el funcionario Teodoro Marín salió y, apoyando en la pared, firmó la carta que los dirigentes dirigieron al presidente Rafael Correa. En la Contraloría hubo cordialidad, el delegado provincial Álvaro Vintimilla salió y tras recibir la solicitud aseguró que de inmediato remitirá la petición al contralor general Carlos Pólit.
Pedimos también al Presidente que derogue el Reglamento y Ley de Aguas, que dé una moratoria al extractivismo minero, un alto a criminalización de la protesta y persecución a los medios de comunicación, archivo del proyecto de enmiendas constitucionales y las leyes de herencias y plusvalías; y, que se devuelvan los derechos colectivos, dijo Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari.
EL REGLAMENTO
– Se demanda la inconstitucionalidad del artículo 47 del Reglamento a la Ley de aguas, que en su parte pertinente señala que la Agencia de Regulación y Control de Agua dictará regulaciones con criterios de calidad del servicio y que se formulará un plan de mejoras, con plazos.
– El Municipio o el GAD parroquial correspondiente intervendrá al junta de agua hasta que cumpla el plan de mejoras, la intervención supondrá la sustitución temporal del presidente y directorio del comité, con personas que designe el gobierno descentralizado competente.
– El interventor, cumplido el plazo, podrá solicitar a la Senagua la revocatoria de la autorización de uso y aprovechamiento de agua. La demanda es también para el artículo 51 que se refiere a los sistemas de riego. La demanda se basa en derechos establecidos en la Constitución.
Fuente: El Mercurio
