Los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) permanecen encarcelados desde el 31 de diciembre del año pasado.

Este jueves 20 de febrero podría ser un día clave para el caso Malvinas, en el que la Fiscalía investiga un presunto delito de desaparición forzada, ya que un Tribunal decidirá si los militares siguen bajo prisión preventiva o salen para defenderse en libertad. Las defensas de las dos partes se muestran confiadas en que obtendrán un resultado favorable.

La mañana del pasado miércoles 19 de febrero del 2025 se llevó a cabo la audiencia de apelación a la prisión preventiva, solicitada por la defensa de los 16 uniformados investigados por la desaparición de un niño y tres adolescentes el pasado 8 de diciembre del 2024.

Tras varias horas de alegatos, los jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas suspendieron la diligencia y anunciaron que la retomarán mañana a las 10:00.

ARGUMENTOS DE LOS MILITARES
Los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) permanecen encarcelados desde el 31 de diciembre del año pasado. Inicialmente, estuvieron en una cárcel de Guayaquil y luego fueron trasladados al centro penitenciario de Latacunga.

Jesús López, abogado de casi todos los implicados, comentó al medio Vistazo que en la audiencia de apelación se debatieron los elementos de convicción presentados hasta el día en que se dictó la prisión preventiva.

“Los elementos que había hasta esa fecha no eran suficientes para acreditar un delito de desaparición forzada y peor aún la responsabilidad de las personas procesadas”, señaló López.

Agregó que el fiscal no fundamentó por qué no son suficientes las medidas alternativas a la prisión preventiva como la prohibición de salida del país o las presentaciones periódicas.

“Creo que en su momento se dictó la prisión preventiva por la presión mediática, mas que por una cuestión jurídica justificada”, subrayó el jurista, quien considera que el Tribunal sí acogerá la apelación.

Por su parte, Abraham Aguirre, defensor de las familias de las víctimas, indicó que el fiscal sí sustentó tanto en la audiencia de formulación de cargos como en la apelación que existía peligro de fuga. Este elemento habría sido fundamental para que la Fiscalía pida la prisión preventiva.

Además, en la diligencia del pasado mircoles, señala Aguirre, se habría manifestado que existe la intención de obstaculizar el proceso por parte de la defensa de los uniformados. Prueba de ello, dice, sería el video difundido el pasado martes en redes sociales, en el que se evidencia lo que ocurrió 10 minutos antes de que los cuatro menores fueran aprehendidos.

“Ese acto buscaba que las víctimas reciban un linchamiento”, comentó Aguirre, quien cree que se va a mantener la prisión preventiva, pero en caso de que suceda lo contrario tampoco influiría en las investigaciones.

¿IMPLICACIONES DEL NUEVO VIDEO?

Alrededor de las 20:31 de aquel 8 de diciembre, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, y sus amigos Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15, estaban a la altura del Mall del Sur en Guayaquil. Diez minutos después, fueron aprehendidos por una patrulla militar, que venía de custodiar un auto incautado por la Aduana.

De hecho, en redes sociales ya se había difundido un video del momento en que los uniformados suben a los menores a una camioneta. Sin embargo, el abogado Jesús López, defensor de los militares, publicó otro clip en el que se observa a dos personas saliendo de un puente.

Después, los jóvenes cruzan la calle, mientras tanto un transeúnte que camina por el sitio evade a los adolescentes y otro grupo de personas que venían detrás. Al poco tiempo, se ve que un joven intenta patear al transeúnte por la espalda y luego él y otro retornan a esconderse debajo del puente.

El material fue presentado el pasado martes en una diligencia en la que las dos partes analizaron grabaciones de cámaras de seguridad y se dispuso la extracción de información de los celulares de los procesados.

Tanto los abogados de las víctimas como el defensor de los militares coincidieron en que el nuevo video no repercutirá en el proceso por desaparición forzada. Sin embargo, Jesús López comentó que el material muestra que “estas personas no se encontraban realizando actividades lícitas”.

En el video se evidencian a unas siete personas, cuatro serían los menores de Las Malvinas y tres más estarían en libertad. López reveló que estos ciudadanos también deben ser llamados a rendir su testimonio.

Mientras que Fernando Bastias, abogado de las familias de Las Malvinas, indicó que el video no prueba ningún delito y, si fuera ese el caso, tampoco exime a los militares de su responsabilidad en el delito investigado, ya que a su criterio existieron irregularidades en el procedimiento.

“​​No hay un parte, bitácora o un informe al agente superior sobre el procedimiento que ejecutaron”, insistió Bastias.

Por otro lado, la reconstrucción de los hechos se ha suspendido dos veces debido a que la Fiscalía aún no termina las diligencias. Falta la ampliación de versión de algunos militares y otros elementos.

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Fuente: Vistazo






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