Contratos oscuros y sobreprecios en sedes judiciales
El Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) estipuló que las Unidades Especializadas de la Función Judicial de Guayaquil costarían $ 34 millones. Costaron el doble.
Cuando inició la construcción, el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) estipuló que las Unidades Especializadas de la Función Judicial de Guayaquil costarían $ 34 millones. Costaron el doble.
La inversión se hizo a la velocidad de la luz. Meses antes, en 2011, la Función Judicial había sido declarada en emergencia y era necesario que la edificación de las plataformas fuera inmediata. Fueron aprobadas 47 construcciones y 26 remodelaciones en, al menos, 60 ciudades del país.
Años después, los sobreprecios, las contrataciones poco claras y las facturas sin sustento son el legado del boom inmobiliario de la justicia. Un índice que, en total, terminó superando por cerca de $ 26 millones el monto original planificado. Así lo establecen cuatro informes de la Contraloría General del Estado a los que EXPRESO tuvo acceso.
En el análisis llevado a cabo por la institución, y que revisa los contratos entre el 13 de julio de 2011 al 31 de marzo de 2013, hay problemas que se repiten: se adjudicaron contratos con empresas que no cumplían los requerimientos subidos a la plataforma del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), se invitó al proceso de estudio y diseño a profesionales en calidad de consultores individuales y se permitió la ejecución de rubros nuevos sin la suscripción de contratos complementarios.
En Guayaquil, por ejemplo, el inusitado costo de las Unidades Especializadas empezó con los estudios de suelo, que presentaron fallas y debieron ser corregidos sobre la marcha.
También se hicieron modificaciones sustanciales al diseño sin permiso de la CJT y se suscribió un nuevo contrato de $ 5 millones para la culminación del inmueble estando aún vigentes el ¿original ($ 34 millones) y uno complementario ($ 9 millones).
Por ese convenio adicional, se pagaron $ 5 millones más a la empresa Alessmart. ¿Por qué? No hay explicaciones.
Según la Contraloría, 11 contratos fueron adjudicados a empresas que no cumplían los requerimientos técnicos establecidos por la propia Judicatura, 16 superaban los valores base de las licitaciones para los años 2011 y 2012 y en 13 se ejecutaron rubros nuevos que no formaban parte del contrato y que fueron pagados sin mayor revisión.
La institución también analizó la construcción de la Unidad Especializada de la Función Judicial en las avenidas Juan León Mera y Veintimilla, en Quito.
Acero y Afines Conacero S. A., compañía del Grupo Empresarial Diacelec, era la responsable del proyecto. Esta última era la mayor proveedora de Odebrecht en Ecuador. Su principal accionista, Édgar Arias, se encuentra procesado por asociación ilícita.
Pero incluso antes del escándalo, Diacelec ya había sido parte de una pesquisa judicial. En 2012 la compañía había sido mencionada en una indagación relacionada a una red que pedía coimas a contratistas. Esto fue denunciado por el entonces secretario de Transparencia de Gestión, Edwin Jarrín, en relación a los contratos de los edificios del CJT.
Pero no acaba ahí. La propia sede del Consejo de la Judicatura también presentó irregularidades. Otro informe, este del periodo que va del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2015, encontró que la declaratoria de emergencia que justificaba la reubicación de sus dependencias no era válida.
“El Consejo de la Judicatura de Pichincha detalló que la emergencia se debía a la venta del edificio donde se encontraba… cuyo desalojo no era inminente”, recoge el documento.
A raíz de esta declaratoria se llevaron a cabo varias contrataciones directas sin mayor revisión de propuestas. Se adjudicó un contrato de arrendamiento por $ 120.000, uno por la instalación de puntos de voz y eléctricos de $ 301.015, otro por servicio de traslado de $ 87.428, otro por la instalación de persianas de $ 14.110 y por la instalación de la central telefónica de $ 22.400, arrojando un monto total de $ 544.953, cuyas características de contrataciones, según Contraloría, no pueden ser constatadas.
Otros resultados
Pichincha
El análisis del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2015 indica que en ese periodo se hallaron cinco contratos en el Consejo de la Judicatura de Pichincha que se adjudicaron a empresas que no cumplían los requisitos y que no fueron objetadas.
Guayas
Un informe que analiza del 1 de septiembre de 2011 al 31 de octubre de 2013 establece que existe un contrato con la empresa Vigilancia Industrial Comercial Vicosa que fue hecho de manera irregular y, a su vez, este se renovó sin pasar por concurso público.
Napo
El análisis realizado a la construcción del edificio judicial de Tena arrojó que este se hizo a través de contratación directa sin respaldo documental. Hay pagos de $ 3’221.250 por aumentos en el costo de material que no pueden ser respaldados.
Fuente: Expreso
