Los temas serán abordados la próxima semana en sesión de la Asociación de Municipalidades del Azuay.
La crisis económica en la que estamos sobre todo los municipios pequeños es preocupante, ya hubo una reducción del 12% del presupuesto para los GAD en enero de este año; ahora se suma otro porcentaje del 9% y hasta el 10%, y empeora aún más, está el hecho de que ni siquiera las transferencias son oportunas, esto nos complica porque tenemos que arrastrar pagos a empleados, trabajadores y proveedores, y suspender obras con presupuestos participativos, dijo la alcaldesa de Oña y presidenta de la Asociación de Municipalidades del Azuay (AMA), Germania Ullauri.
La dirigente del municipalismo azuayo afirmó que este tema y el de la Ley de Ordenamiento Territorial debían ser tratados en una sesión extraordinaria que fue convocada hace unos días, misma que no se efectuó por falta de quorum, pues de los 15 alcaldes apenas llegaron 4.
Recordó que el ministro de Finanzas ofreció que en marzo se igualarían las transferencias lo cual no ocurre, pues se les adeuda mayo y junio. Además dijo, están pendientes dos cuotas de la ley 047 que beneficia a los municipios de Azuay, Cañar y Morona Santiago, que debían entregarse en enero y abril. A Oña se le adeuda más de 300.000 dólares cifra muy significativa ya que su presupuesto anual apenas llega a un millón 200.000 dólares.
Aseguró que la próxima semana se realizará una segunda convocatoria a sesión extraordinaria a los municipios del Azuay para unirse y reclamar, en la que se tomarán resoluciones con el número de alcaldes que asistan. La idea es incluso buscar la unidad con la Prefectura, con los gobiernos parroquiales porque todos son afectados y ya no se puede trabajar sin recursos, señaló.
Para Ullauri, la Ley de Ordenamiento Territorial, es un atentado a la autonomía municipal. “Hay una contradicción, antes éramos municipalidades y este gobierno cambió a Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), de qué autonomía, de que descentralización estamos hablando, cuando se está centralizando de nuevo todo. Se crea una superitendencia nacional y consejos técnicos a donde tendremos que recurrir a que nos digan lo que está bien y lo que no, sopena de multas de hasta más de 70.000 dólares. La mejor salida sería plantear la inconstitucionalidad de la ley”, concluyó.(AZD)-(I)
EL DETALLE
– Por la ley 047, cifra igual para todos, el gobierno le debe a la fecha a cada municipio, 82.000 dólares, por las dos alícuotas vencidas, del total de tres que se deben entregar al año, según Germania Ullauri.
Fuente: El Mercurio
