Delfín Quishpe, sentenciado a cinco años de cárcel
El músico y alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, y dos funcionarios más, fueron sentenciados a cinco años de cárcel. La Fiscalía informó en su cuenta de Twitter este 18 de noviembre del 2021 que los procesó por tráfico de influencias en el contexto de la emergencia sanitaria.
El llamamiento a juicio contra Quishpe y los otros dos implicados tuvo lugar en mayo pasado.
Ahí se ratificaron medidas como la prohibición de salida del país, prohibición de enajenar bienes y presentación periódica ante la autoridad judicial cada 15 días.
Según informó la Fiscalía el 31 de mayo, los elementos recabados “hacen presumir que existió sobreprecio en la compra de insumos de bioseguridad en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19”.
También indicó que esa transacción favoreció a una persona por USD 96 608 más IVA.
#ATENCIÓN | #Chimborazo: Delfín Q., alcalde de #Guamote, y 2 funcionarios más son sentenciados a 5 años de prisión. #FiscalíaEc los procesó por tráfico de influencias en el contexto de la emergencia sanitaria por #Covid_19. #FuerzaDeTarea #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/peWqoCIJIn
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 18, 2021
Elementos de juicio
En una audiencia pasada, la Fiscalía ya presentó algunos elementos que hacían presumir la culpabilidad de lso involucrados.
Entre otros, presentó certificaciones del portal de compras públicas y un informe pericial sobre procesos de compra otorgados en medio de la emergencia sanitaria.
También llevó al juzgado un informe con indicios de responsabilidad penal levantado por la Contraloría General del Estado y versiones de funcionarios del Municipio y de proveedores.
Según la investigación del Ministerio Público, los precios señalados en el contrato no estarían acorde con los del mercado.
Con esos elementos, a Delfín Quishpe lo sentenciaron a cinco años de cárcel, al igual que a los otros dos funcionarios.
El delito de tráfico de influencias está tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal y es sancionado con cárcel de tres a cinco años.
Fuente: El Comercio