Los nombres se repiten en las diferentes tramas de corrupción que involucra la gestión de Petroecuador, entre 2010 y 2020. Se trata de una docena de exfuncionarios, contratistas e intermediarios ­enjuiciados por el Departa­mento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.).

Todos ellos tuvieron papeles protagónicos en contrataciones millonarias, como la repotenciación de la Refinería Esmeraldas, la compra y venta de derivados de petróleo y la preventa de crudo.

En Nueva York y Florida, esta docena de personas ha sido acusada por lavado de activos y pago de coimas que suman USD 52,6 millones, según sus propias confesiones a los fiscales de esa nación.

A más de este grupo, hay una veintena de nombres de quienes no han sido procesados aún ni por la justicia estadounidense ni en el Ecuador.

En el país, el único caso que obtuvo sentencias es el derivado de los Papeles de Panamá, en donde fueron procesados Carlos Pareja Yannuzzelli, Álex Bravo, Marco Calvopiña, entre otros altos exfuncionarios de la firma estatal de petróleos. Los juicios en Estados Unidos, en cambio, han avanzado más rápido.

El Departamento de Justicia ha condenado a Marcelo Reyes y a Arturo Escobar Domínguez, exasesor jurídico y exasesor de gerencia de la petrolera, respectivamente; y otros empresarios como Armengol Cevallos, José Cisneros, Ramiro Luque y Frank Chatburn Ripalda.

El caso más reciente que reveló ese país es el de Gunvor. El canadiense Raymond Kohut, exempleado de la firma, confesó a principios de este mes que desembolsó USD 22 millones en sobornos a tres funcionarios de la estatal petrolera, entre 2012 y 2020.

Según la delación de Kohut, una parte de los sobornos era entregada a un alto funcionario de Petroecuador, “cuya identidad es conocida por Estados Unidos y se desempeñó como gerente hasta el 2017”. El segundo funcionario que recibió las coimas trabajó desde el 2018 hasta el 2020.

A cambio de los pagos en cuentas y ‘offshores’ en Nueva York, Singapur e Islas Caimán, Kohut dijo que logró contratos para que Gunvor “se quedara” con el petróleo ecuatoriano.

Tres meses antes, en diciembre, los fiscales estadounidenses abrieron el caso Vitol. Entre otras pruebas, el expediente se sustenta en la confesión del exempleado Javier Aguilar, de origen mexicano, quien dijo que hizo pagos ilegales por USD 1,8 millones, a cambio de conseguir fuel oil.

Ambos casos tienen una raíz en común: la intermediación petrolera, en las operaciones de preventa de crudo a Petrochina y otras empresas satélites, que se encargaron de comercializar el producto ecuatoriano en todo el mundo, como Gunvor, Vitol y Oman Trading International Limited.

De hecho, esta última compañía -con capital estatal omaní- compró 17,1 millones de barriles de fuel oil fue el 6 de diciembre del 2016, para se entregados en dos años, a cambio de que el Fisco reciba de forma anticipada USD 300 millones.

Detrás de ese acuerdo estaba la empresa Vitol como beneficiaria de la comercialización, indicó el delator.

Aguilar dijo que pagó coimas a dos funcionarios: un gerente de Petroecuador que trabajó del 2010 al 2017; y el segundo fue parte del ministerio de Hidrocarburos, del 2013 al 2016.

Desde el 2009, el Estado entrega crudo Oriente o Napo a la estatal PTT International Trading PTE Ltd. (Petrotailandia) y a la china Unipec Asia. Empero, lo que revela EE.UU. es que los hidrocarburos ecuatorianos terminan siendo comercializados por firmas como Gunvor o Vitol.

Por esa razón, Petroecuador, el pasado 14 de abril, pidió de forma escrita a las firmas asiáticas que no entreguen el crudo a Gunvor, ya que su objetivo era “combatir actos de corrupción”.

En esa misma comunicación, solicitó a Petrotailandia y a Unipec una “declaración juramentada legalizada” de que “no tuvieron que ver con los posibles hechos de corrupción” en el Ecuador.

Petroecuador dijo que ha emprendido acciones dentro y fuera del país para identificar a los funcionarios que montaron el esquema que funcionó una década. Y el 15 de abril pidió una reunión con la fiscal Diana Salazar “para fortalecer los lazos de cooperación”.

Pero la Fiscalía aclaró ese mismo día que “no se ha establecido tal coordinación” en temas de corrupción y que, más bien, las autoridades deben acercarse a entregar denuncias en caso de que conozcan de irregularidades.

Las acciones que ha realizado Petroecuador en EE.UU. son para ser reconocida como víctima y lograr una recuperación del dinero que allí ha sido incautado.

Pero este país no ha reconocido a Petroecuador como víctima. Al contrario, el 10 de julio del 2020, en la delación de Aguilar, del caso Vitol, el Departamento de Justicia indica que la empresa de petróleos fue un “instrumento” del “gobierno ecuatoriano” para cometer actos de corrupción.

Fuente: El Comercio

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