Fiscal Diana Salazar enfrentaría su juicio político con una Asamblea bajo control correísta
El juicio político de Diana Salazar se tramitaría cuando Henry Kronfle deje la presidencia de la Asamblea en manos correístas. La interpelante Gissela Garzón dice que el ‘cambio repentino’ de la Fiscal tiene motivaciones electorales.
Una Asamblea Nacional manejada por la Revolución Ciudadana (RC) podría tramitar en el Pleno el juicio político contra la fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien pidió su reactivación.
El secretario de la Función Legislativa, Alejandro Muñoz, explicó este 20 de agosto de 2024 que, por el orden de prelación, el juicio político contra Salazar deberá ir luego de evacuar la interpelación a la ministra del Interior, Mónica Palencia.
Este último trámite se resolverá en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), una vez que termine el receso legislativo, el 2 de septiembre próximo.
Se prevé que la votación para una eventual censura y destitución de Palencia se produzca a mediados de septiembre.
A la par, la Comisión de Fiscalización calificará el juicio político contra Salazar, planteado por la legisladora del correísmo, Gissela Garzón.
Ahí se abre una serie de plazos que se deben cumplir, previo a que el juicio político llegue al Pleno:
-15 días para que Salazar y Garzón presenten las pruebas de cargo y descargo.
-10 días para la práctica de prueba.
-Cinco días para la elaboración y aprobación del informe de la comisión (con posibilidad de prórroga).
-Cinco días para que el presidente de la Asamblea lo ponga en el orden del día de una sesión de pleno.
Estos plazos se cumplirían a mediados de octubre de 2024. Para entonces, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, deberá inscribir su candidatura a la Presidencia de la República por el Partido Social Cristiano (PSC).
Por lo tanto, al optar por otro cargo de elección popular, Kronfle debe renunciar a la presidencia del Legislativo.
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Quien lo debe reemplazar es la segunda vicepresidenta, Viviana Veloz, de la banca RC, que tendría a cargo la conducción de la sesión del juicio político en el que el correísmo buscará la censura y destitución de la fiscal Salazar.
¿Tiene el correísmo los votos?
Muñoz recordó que para censurar y destituir a la Fiscal, se necesita mayoría simple, es decir, 70 votos.
Bancadas como la del Partido Social Cristiano (PSC) ha anticipado que no apoyarán ningún intento de sacar a Salazar de la Fiscalía a través de este procedimiento.
Inmediatamente que se conoció que la fiscal, Diana Salazar, pidio reactivar el proceso, al que calificó como un “narcojuicio”, la asambleísta y cabeza de lista de asambleístas nacionales por el movimiento Construye, Ana Galarza, manifestó su total respaldo a la funcionaria.
Mientras que la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) emitió un comunicado en el que coincidió en calificar como un “narcojuicio” a este y otros juicios políticos que se han planteado a los ministros de Estado.
“Cuente con los votos de la bancada de ADN en la Asamblea Nacional”, señaló el partido político del presidente Daniel Noboa.
Por ahora, la Revolución Ciudadana tendría asegurados los votos de los 48 integrantes de su bancada. En tanto que, hay algo más de 20 independientes que deberán definir su postura, y muchos de ellos han señalado su apoyo a la Fiscal.
Garzón critica ‘repentino cambio’ de Salazar
La asambleísta interpelante, Gissela Garzón, considera que el “repentino cambio de opinión” de la fiscal para que se reactive el juicio político, suspendido en mayo pasado, tiene motivaciones electorales.
Sin dar mayores detalles de su sospecha y cómo influiría este juicio en las siguientes elecciones, la legisladora correísta relacionó la similitud del comunicado de ADN con lo expresado por la fiscal: ambos califican como “narcojuicio” al proceso.
De todas formas, Garzón le dijo a PRIMICIAS que está lista para interpelar a la funcionaria. Recordó además que el CAL no solo debe reactivar el juicio político, sino también conocer el otro pedido de juicio de su coideario, Héctor Valladarez.
Ambos pedidos deberán ser calificados y unificados por la Comisión de Fiscalización. Esto es fundamental para el correísmo, porque una de las causales de enjuiciamiento de Valladarez es la supuesta “participación en reuniones y relación circunstancial y dolosa con procesados”.
Esto, tomando como base las afirmaciones del exlegislador del correísmo, Ronny Aleaga, prófugo y procesado en el caso Metástasis, que asegura haber recibido información delicada de investigaciones, por parte de Salazar.
El 13 de mayo, durante una comparecencia de Salazar a la Comisión de Fiscalización para hablar de caso León de Troya o Encuentro, la presidenta de esa mesa, Pamela Aguirre, del correísmo, ya intentó que exista un careo entre la fiscal y Aleaga.
Fuente: Primicias
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