El 23 de agosto se asignarán los recursos tras la aprobación de la Junta celebrada este 2 de agosto, según informó el FMI.
La Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una asignación general de derechos especiales de giro (DEG) equivalente a $ 650.000 millones (aproximadamente 456.000 millones de DEG) el 2 de agosto de 2021, con el fin de apuntalar la liquidez mundial.
“Esta es una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes. La asignación de DEG beneficiará a todos los países miembros, abordará la necesidad de reservas a escala mundial y a largo plazo, generará confianza y promoverá la resiliencia y estabilidad de la economía mundial. En particular, ayudará a los países miembros más vulnerables que están luchando contra los estragos de la crisis provocada por COVID-19″, señaló la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva.
La asignación general de DEG entrará en vigor el 23 de agosto de 2021. Los nuevos DEG serán acreditados a los países miembros del FMI en proporción con sus actuales cuotas en la institución.
Aproximadamente $ 275.000 millones (alrededor de 193.000 millones de DEG) de la nueva asignación se destinará a países de mercados emergentes y en desarrollo, incluidos países de bajo ingreso. De esos recursos, según análisis internacionales podrían llegar $ 50.000 millones a América Latina y el Caribe. En América del Sur, Brasil podría llegar a recibir $ 15.000 millones; Argentina, unos $ 4.300 millones. En Ecuador, el ministro de Economía, Simón Cueva, había anunciado un monto posible de $ 1.000 millones.
Georgieva también indicó: “Asimismo, seguiremos trabajando activamente con los países a fin de identificar opciones viables que permitan canalizar voluntariamente DEG de los países miembros más ricos a los más pobres y vulnerables, para apoyar su recuperación de la pandemia y para que logren un crecimiento resiliente y sostenible”.
Una de las principales opciones es que los países miembros que tienen posiciones externas sólidas distribuyan voluntariamente una parte de sus DEG para ampliar los préstamos a los países de bajo ingreso que pueden acceder a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) del FMI.
El apoyo concesionario a través del FFCLP en la actualidad es libre de intereses. El FMI también está estudiando otras opciones para ayudar a los países miembros más pobres y vulnerables en sus esfuerzos de recuperación. Podría considerarse un nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad para facilitar un crecimiento más resiliente y sostenible a mediano plazo.
Sobre el tema, Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, explicó que estos DEG (que son una moneda contable del FMI conformada por cinco de las monedas más fuertes a nivel mundial) deberá llegar al Banco Central y servirá para robustecer la Reserva Internacional y hacerla más líquida. Sin embargo, se mostró dudoso de que estos recursos puedan servir para financiar gasto público, más aún ahora que se cuenta con la Ley de Defensa de la Dolarización, que prohíbe al BCE entregar financiamiento al Estado.
Banco Mundial ha apoyado con liquidez
El Grupo Banco Mundial destinó una cifra récord de $ 29.100 millones para esa región desde el comienzo de la crisis (1 de abril de 2020) y a lo largo del año fiscal 2021, que finalizó el 30 de junio de 2021.
Estos recursos se destinaron a contener el impacto sanitario, económico y social de la pandemia, además de ayudar a la región a responder a desafíos como huracanes y flujos migratorios. Se trata de la mayor respuesta a una crisis de este tipo en la historia del Grupo Banco Mundial.
Los compromisos y movilizaciones del Grupo Banco Mundial durante este periodo incluyen un total de $ 14.500 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), conocidos como Banco Mundial; $ 10.800 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para promover el desarrollo sostenible impulsado por el sector privado; y $ 3.800 millones en garantías del Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones (MIGA).
Fuente: El Universo
