Juicios políticos contra la Fiscal General se reactivarán el 2 de septiembre
Los juicios políticos en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, planteados por el correísmo se retomarán en la Asamblea el 2 de septiembre de 2024 cuando culmine el receso. La posibilidad de reiniciar la interpelación se anticipó el 17 de agosto de 2024.
Los juicios políticos en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, planteados por Gissela Garzón y Héctor Valladares, asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), por presunto incumplimiento de funciones se retomarán en la Asamblea Nacional el 2 de septiembre de 2024 cuando culmine el receso legislativo.
Esto se producirá una vez que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), convoque a una sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), donde uno de sus integrantes deberá mocionar el levantamiento de la suspensión del juicio que se resolvió el 17 de mayo de 2024 y retomarlo en base a la solicitud que planteó la Fiscal el 19 de agosto.
Con esta decisión, el trámite será elevado a la Comisión de Fiscalización, donde se avocará conocimiento para la calificación de las solicitudes de Garzón y Valladares.
La posibilidad de reiniciar la interpelación a Salazar se anticipó el 17 de agosto. “La Resolución que suspendió el juicio político a la señora Fiscal General del Estado, de acuerdo con la ley, solo podría ser modificada por el órgano que tomó la decisión, es decir, el CAL. La presidencia no lo puede hacer por sí misma”, escribió en sus redes sociales el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz. Dos días después (el 19 de agosto), la Asamblea oficializó el pedido de la Fiscal, a través de un comunicado.
El juicio a Salazar se tramitaría entre octubre y fines de noviembre, cuando la dirección de la Asamblea haya pasado al control de la Revolución Ciudadana.
Hasta el 2 de octubre, Henry Kronfle, tendrá que renunciar al cargo y su puesto será asumido por Viviana Veloz (RC), actual primera vicepresidenta del Parlamento.
En la Comisión de Fiscalización, a cargo de Pamela Aguirre, la interpelación a Salazar fluiría sin tropiezos. Los votos para recomendar al Pleno su censura y destitución estarían asegurados. Cuatro del correísmo (Pamela Aguirre, Sofía Espín, Ronald González, Lenin Barreto), y un sector de independientes.
Para la censura y destitución se necesitan 70 votos. Hasta el momento, el correísmo tendría asegurados 48 votos. Los 22 votos restantes llegarían del sector de los independientes.
Gissela Garzón, quien el 28 de noviembre de 2023 planteó el juicio a Salazar, dijo en una entrevista que le corresponderá demostrar que hubo un incumplimiento de funciones para garantizar el debido proceso. Prefirió no adelantar detalles sobre el contenido de sus argumentos “porque el juicio aún no empieza; yo no puedo adelantar criterio hasta que la mesa no avoque conocimiento para el inicio del tratamiento”.
Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), no ve ningún argumento legal, ni jurídico para que el juicio no continúe, porque antes del 17 de mayo el CAL ya calificó la solicitud. Sin embargo, pidió a los sectores políticos actuar con sensatez y con estricto apego a la norma, dado que este proceso ha sido cuestionado en cuanto a su procedimiento parlamentario.
Juicio a Mónica Palencia
Antes de continuar con este trámite, en la Mesa de Fiscalización se deberán cumplir los plazos del juicio que fue calificado en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia.
Con el inicio de la vacancia (19 de agosto) se suspendieron los plazos para continuar con el procedimiento, pero se retomarán a partir del 7 de septiembre, cuando la ministra podrá defenderse de la acusación y sus interpelantes Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, deberán demostrar las presuntas irregularidades en su gestión. La actuación de la prueba sería hasta el 15 de septiembre.
A partir de ese plazo, la Comisión tiene cinco días (hasta el 20 de septiembre) para elaborar el informe que recomiende al Pleno continuar o no con la interpelación, y dos días más para difundir el informe entre las bancadas. Con la recomendación de Fiscalización, el CAL tendrá cinco días para ponerlo en conocimiento del Pleno. El juicio a Palencia llegaría a conocimiento del Pleno para una decisión hasta el 29 de septiembre.
Fuente: El Comercio
