El juez del caso les dictó prisión preventiva el 31 de diciembre del 2024.

Los militares a quienes Fiscalía formuló cargos y son procesados por el presunto delito de desaparición forzada que habrían perpetrado contra cuatro personas, menores de edad, el pasado 8 de diciembre en el sector de las Malvinas, en el sur de Guayaquil, fueron trasladados a otra cárcel.

Jesús López, abogado de los militares en el caso menores de las Malvinas, confirmó a este Diario que a la una de la madrugada fueron llevados a la cárcel de Latacunga desde la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, sin dar más detalles.

Según Fiscalía, un niño y tres adolescentes, entre 11 y 15 años, habrían sido detenidos por personal militar en las cercanías de un mall del sur de Guayaquil y subidos a vehículos de las Fuerzas Armadas.

La investigación, a decir de esa entidad, se inició el 9 de diciembre tras la denuncia de secuestro presentada por el padre de una de las víctimas. Inicialmente, el caso fue manejado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y luego transferido, el 22 de diciembre, a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.

Los militares investigados en esta causa son Christian Eduardo A. Q., David Andrés C. A., Wilson Alfredo C. B., Carlos Xavier E. M., Jonathan Raúl G. P., Moisés Israel L. L.

Además, Lister Henry L. C., Brayan Olmedo N. L., Rodrigo Paúl N. P., Ronald Stalin P. T., Álex Xavier Q. A., Nelson Oswaldo S. Z., Jhon Eduardo T. M., Sergio Francisco V. B., John Henry Z. E. Wilmer Danny L. C.

El juez del caso acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra todos los 16 procesados. Fueron puestos a órdenes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Una vez que se confirmó que los restos hallados en una zona de Taura corresponden a los menores de las Malvinas desaparecidos, el caso tomará otro giro.

Fernando Bastias, del Comité de Derechos Humanos, instancia que ha apoyado a los familiares de las víctimas, indicó que no sabía sobre este traslado.

Recordó que el juez dispuso al SNAI, ente encargado de las cárceles, que decida a dónde iba a enviar a estos militares.

En la resolución en la que se dispuso prisión preventiva, el juez indicó que los militares deben “ser ingresados de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del numeral 4 del art. 537 del COIP, en un centro de privación de libertad diferenciado para estos casos, siendo responsabilidad del SNAI el cumplimiento de esta disposición judicial cuya finalidad es precautelar la vida e integridad de los procesados por ser miembros activos de la Fuerzas Armadas”.

Diario El Universo consultó con un funcionario del Departamento de Comunicación del SNAI sobre este traslado a Cotopaxi, pero no hubo respuesta hasta las 13:00. (I)

Fuente: El Universo

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