La cúpula policial defiende la actuación de los uniformados que son procesados por eventos en los que dispararon en contra de presuntos delincuentes.

La cúpula de la Policía Nacional salió en defensa del cabo segundo Santiago Olmedo, quien abatió a dos presuntos delincuentes en Riobamba, en junio de 2021, y fue condenado a trece años de prisión por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

En una rueda de prensa ofrecida la tarde del lunes 29 de agosto, el comandante Fausto Salinas, acompañados de los altos mandos de la institución, reiteró el apoyo de la Policía para Santiago Olmedo, así como para los agentes Raúl Wong y David Velasteguí, quienes también son procesados en distintos casos por extralimitación de un acto de servicio.

Según Salinas, la actuación de los gendarmes fue legítima y mencionó que los operadores de justicia que conocen estos casos deben considerar en sus resoluciones el contexto, condiciones y riesgos que conlleva una operación policial.

“Ningún policía sale a la calle a provocar daños; casi siempre la Policía responde porque hay una vida que proteger, un bien que proteger y hay una ley que cumplir”, dijo Salinas.

En el caso de Santiago Olmedo, en enero de este año fue sentenciado en primera instancia a una condena de tres años y cuatro meses de prisión, más el pago de una multa y una reparación económica de $ 20.000 para las familias de los presuntos delincuentes fallecidos.

La defensa del policía y la Fiscalía apelaron el fallo del Tribunal. En segunda instancia, el 25 de agosto, la Corte de Justicia de Chimborazo elevó a trece años la pena de Olmedo, lo cual generó el rechazo del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y del Gobierno. La defensa apelará la última resolución, y desde Carondelet se anunció la posibilidad de conceder un indulto presidencial al cabo.

Para Olmedo, que usa grillete electrónico en un tobillo, la decisión de la Corte Provincial deja un “sabor amargo para los miembros de la institución” y cuestionó la actuación de la Fiscalía. “A los servidores policiales pretenden encerrar, meter a una prisión, pero con los delincuentes Fiscalía no actúa de esa manera”, reprochó.

El uniformado, según su versión de los hechos, abatió a los presuntos delincuentes porque atentaron contra su vida luego de una persecución que se inició cuando Olmedo y dos compañeros observaron que un sujeto “quería asesinar a un menor de edad”.

La Fiscalía sostiene que el agente disparó por la espalda a los dos hombres, por al menos diez veces, a unos 200 metros de distancia.

El caso del policía David Velasteguí ocurrió el 23 de agosto de 2018 en el sector de Mascarilla, Imbabura, en medio de una persecución. El uniformado disparó contra un individuo que huía a bordo de una wincha con un vehículo retenido.

Según el comandante de la Policía, Velasteguí empleó la fuerza ante una agresión que ponía en riesgo la vida del agente y de las personas que se encontraban alrededor del sitio.

El gendarme fue hallado culpable en primera instancia. La decisión se apeló y fue aceptada, en segunda instancia, por la Corte Provincial de Imbabura. Sin embargo, a partir de una providencia, la Corte Nacional de Justicia regresó el proceso a cero y ahora deberá volver a realizarse la audiencia de fundamentación de los recursos de apelación.

La situación del sargento Raúl Wong se suscitó en el año 2010 en Guayaquil, cuando el agente disparó en contra de supuestos antisociales que infringían la ley. Su abogado, Ismael Merizalde, explicó que, pese a que el caso debió prescribir, la Fiscalía en la actualidad pretende aplicar el tipo penal de ejecución extrajudicial, una figura legal que no existía hace más de diez años. (I)

Fuente: El Universo

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