Libertad de expresión: ¿Qué dicen Noboa y González sobre el derecho que suele incomodar a los gobernantes?
Los candidatos presidenciales Daniel Noboa y Luisa González no han ahondado en su visión sobre la libertad de expresión. Sin embargo, a la segunda le persigue la tradición correísta en la materia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos cataloga a la libertad de expresión como una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, indispensable para la formación de la opinión pública. Pero en Ecuador, se trata de un derecho humano que no termina de afianzarse.
A pocos días de la segunda vuelta presidencial en el país, es uno de los temas de debate por las posiciones y antecedentes de los aspirantes a Carondelet: el presidente candidato, Daniel Noboa, y la representante del correísmo, Luisa González.
Esto porque, durante los últimos gobiernos, las actitudes frente a la libertad de expresión (incluyendo a la libertad de prensa) han sido un punto de inflexión para dividir a la sociedad en dos bandos: los que buscan regulaciones normativas y punitivas y los que defienden una mayor tolerancia y libertad de opinión.
Esta libertad está respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y por la misma Constitución ecuatoriana.
Y ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento.
Sin embargo, distintas autoridades del país han dejado claro, sin importar su tendencia, que siempre resulta un derecho incómodo para el poder de turno. La diferencia está en cómo han respondido las figuras públicas cuando no les conviene la opinión de los demás o la difusión de información.
Es por eso que la libertad de expresión va atada, además, a la libertad de prensa, puesto que, según la misma Corte Interamericana, “la información de interés público es un requisito primordial para mantener una sociedad democrática”.
Pero, pese a las convenciones internacionales que rigen en Ecuador, sobran los casos de autoridades o figuras públicas que han arremetido contra estos derechos y no solo han buscado censurar a quienes los ejercen, sino también judicializarlos o acallarlos.
El mayor ejemplo es el sistema de censura que instauró el expresidente Rafael Correa, que incluyó una Ley de Comunicación, más conocida como ‘ley mordaza’, y una Superintendencia de Comunicación, que se dedicó a perseguir a los opositores del Gobierno.
¿Qué dicen los candidatos presidenciales?
El candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), Daniel Noboa, no se ha referido particularmente al tema, pero firmó su adhesión a las declaraciones de Chapultepec y de Salta, que se refieren al compromiso de los gobernantes con la libertad de prensa y las medidas que deben ser adoptadas para garantizar este derecho.
Pero el compromiso quedó en el papel. Un mes después, en abril de 2024, el Ministerio de Finanzas negó los recursos económicos para que funcione el Mecanismo de Protección para Periodistas, pese a las graves amenazas contra la vida de los comunicadores y los cada vez más frecuentes exilios.
En sus 17 meses de gestión, el presidente candidato no ha tenido polémicas por violaciones a la libertad de expresión, pero su gobierno sí. Pasó con el retiro de la visa a la periodista cubana Alondra Santiago, después de que criticara a Noboa, y con el exministro de Gobierno, Arturo Félix, que llamó a una radio a gritos para reclamar al entrevistado.
Ya en esta campaña, ni en su plan de gobierno ni en sus discursos, el candidato de ADN menciona el tema específicamente, pero sí ofrece propugnar “el respeto a los derechos, garantías y libertades ciudadanas”.
Mientras tanto, la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, lleva a cuestas los antecedentes de la gestión del correísmo y las polémicas regulaciones y sanciones a quienes opinaban distinto al régimen.
Y, en esta campaña, ha dejado entrever que todavía hay algunas pretensiones de regular la libertad de expresión, especialmente en redes sociales.
“Usted no puede decir delincuente a alguien porque se le da la gana(…). Y si tiene pruebas, tome sus documentos, vaya a la Fiscalía y ponga una denuncia(…) esto tiene que ser regulado”, dijo en una entrevista el 20 de enero, al hablar sobre los usuarios digitales.
A estos se suman los mensajes del expresidente Rafael Correa y su principal asambleísta electo, Xavier Lasso, que insisten en retomar la ley de comunicación, como mecanismo para regular a los medios, para evitar que “hagan lo que les da la gana”.
“Si volvemos al poder, hay que volver a tener esa ley de comunicación, tenemos el derecho y el deber de regular esto, con cambio en la estructura de propiedad de los medios de comunicación”, dijo el exmandatario en un curso con la militancia del movimiento.
Sin embargo, en el debate presidencial, González prometió a los electores “libertad para poder hablar, expresarnos libremente y saber que no nos persiguen o nos matan”. Y en su plan de gobierno afirma que “defendemos los derechos humanos en el entorno digital, incluyendo el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información”.
El análisis experto
En su sentencia del 31 de agosto de 2004, la Corte Interamericana advirtió que la opinión pública promueve la transparencia de las actividades estatales y la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión gubernamental, por lo cual, debe existir mayor margen de tolerancia frente a las denuncias o críticas sobre cuestiones de interés y debate público.
Sin embargo, la Convención Americana de Derechos Humanos sí prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión, inclusive para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás. Pero advierte que esas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar el ejercicio del derecho ni convertirse en un mecanismo de censura.
“La libertad de expresión es un derecho sin el cual no podríamos ejercer otros derechos, es uno de los derechos esenciales que permite a la ciudadanía vivir en democracia, poder reclamar, poder defendernos”, explica el jurista y exembajador Hernán Pérez Loose.
Sin embargo, el analista lamenta que en Ecuador este derecho no tiene la relevancia que debería tener. Y recuerda que en esta campaña, de frente a la segunda vuelta del 13 de abril, no se ha discutido el tema de una manera muy abierta. Aunque recuerda la tradición correísta de censura y su animadversión contra la prensa.
Aunque reconoce también los riesgos del abuso y excesos de este derecho, especialmente en las redes sociales y las mentiras que ahí se difunde, pero advierte que una regulación en el área implicaría “otro precio a pagar: la censura, y ese es un problema muy serio”.
Por eso, Pérez Loose enfatiza que los gobernantes, sin importar su tendencia, deben ser absolutamente respetuosos de la libertad de expresión y tolerantes, y puso como ejemplo los mandatos de Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja y Guillermo Lasso.
“El Ecuador ya no debe transitar por ese territorio de la censura, porque eso va a provocar una complicación muy seria y ya tuvimos estas experiencias atroces con el señor Correa y ni los propios militantes de ese partido quieren repetir el proceso de confrontación que hubo”, sentenció el jurista.
Fuente: Primicias
