Yaku Pérez y Leonidas Iza son investigados por el delito de destrucción de bienes del patrimonio cultural de Quito
De uno a tres años de cárcel podría recibir la persona que dañe, deteriore, destruya total o parcialmente bienes parte del patrimonio cultural del Estado.
Reconocer su firma en la denuncia colocada por el delito de destrucción de bienes del patrimonio cultural contra los dirigentes indígenas Yaku Pérez y Leonidas Iza y rendir su versión sobre lo que conoce de los hechos investigados es para lo que, la mañana de este jueves, llegó Andrés Castillo a la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Derecho a la Cultura de la Fiscalía.
La denuncia fue presentada el 28 de octubre pasado, un día después de los incidentes violentos ocurridos en el centro histórico de Quito, dentro de la jornada de movilizaciones convocadas y que incluyó ataque a policías y destrucción de bienes públicos.
Castillo en su denuncia pidió a la Fiscalía que investigue a quienes convocaron a la marcha como parte del paro nacional en rechazo al congelamiento de los precios del galón de gasolina extra y ecopaís en $ 2,55 y el galón de diésel en $ 1,90. Al momento existe abierta una investigación previa por la denuncia de Castillo.
Entre los denunciados están el excandidato presidencial Yaku Pérez y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza. Para Castillo, ellos fueron quienes convocaron a la movilización y no se están haciendo cargo de lo que ocasionaron, por ejemplo, al destruir las piedras de la plaza de Santo Domingo para atacar a la fuerza pública.
“Yo creo que es el momento de empezar a poner orden a los que en derecho se conocen como autores intelectuales del delito. Cuando se convoca a una marcha se entiende que quienes están al frente de una marcha o de las movilizaciones van a poder controlar o al menos dar directrices de lo que no se tiene que hacer en la misma y eso no lo hace, sino más bien ellos azuzan, incitan, impulsan y después dicen son infiltrados”, apuntó Castillo, quien dice que representa a un grupo de ciudadanos quiteños cansados de que se atente contra el patrimonio de la ciudad en cada manifestación.
En el artículo 237 del Código Orgánico Integral Penal se dice sobre el delito de destrucción de bienes del patrimonio cultural que la persona que dañe, deteriore, destruya total o parcialmente bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena de cárcel de uno a tres años.
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Critica Castillo que quienes defienden las marchas violentas se han dedicado a decir que es piedra nomás lo que se ha dañado y que lo importante son los derechos constitucionales y humanos, pero él aclara que los bienes que se encuentran en el centro histórico de Quito son bienes patrimoniales que están reconocidos por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad y los habitantes de la capital están en la obligación de protegerlos. (I)
Fuente: El Universo
