El expresidente Rafael Correa Delgado fue llamado a juicio dentro del caso denominado Sobornos 2012-2016, en calidad de autor del delito de cohecho. La jueza Daniella Camacho aceptó el pedido de la fiscal General Diana Salazar, quien ya había ubicado al exmandatario en la parte alta de una supuesta estructura delincuencial.
“Él era quien estaba al mando jerárquico superior de toda esta estructura criminal, puesto que él conocía de la entrega de sobornos”, manifestó Salazar en noviembre pasado.
La decisión de Camacho se produjo este viernes, tras la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio. El exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una condena de seis años por asociación ilícita, vinculada a la trama de corrupción de Odebrecht, también fue llamado a juicio en la misma calidad que Correa.
Junto a Correa y Glas, otras 19 personas, entre exfuncionarios como Vinicio Alvarado, Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, y empresarios, también fueron llamados a juicio por cohecho.
Camacho consideró que los hechos relatados en la acusación de la Fiscalía sí se adecuan a un delito y que los elementos de sustento de la acusación sí son suficientes para presumir la existencia de un delito como el de cohecho y de la participación en él de varios de los procesados.
En cambio, la jueza explicó que los elementos de sustento son insuficientes para establecer las circunstancias de los hechos respecto de Enríquez, Verdú y el ciudadano chino Cai Runguo, quien fue apoderado de la empresa Sinohydro. El sobreseimiento de ayer se suma al dictado hace varias semanas a favor del exfuncionario público Ítalo Centanaro y del abogado Francisco Javier Noboa. La fiscal general, Diana Salazar, emitió a favor de ambos un dictamen abstentivo.
De los 24 procesados que eran investigados en esta causa, solo María Augusta Enríquez, exasesora de Alvarado, y los empresarios Cai Runguo y José Verdú recibieron un auto de sobreseimiento de la jueza Camacho, debido a que en cada uno de sus casos no se habrían encontrado elementos que los relacionen de forma directa con el delito que se perseguía.
Juicios para Correa y Glas
Para Rafael Correa este es el segundo llamado a juicio que recibe en menos de dos años. El primero tiene que ver con el plagio del activista político Fernando Balda, hecho ocurrido en Colombia. En este caso la etapa de juzgamiento en su contra está interrumpida debido a que el delito no puede ser juzgado en ausencia.
En tanto que para Jorge Glas este es el tercer llamado a juicio que recibe por un caso relacionado con temas de corrupción. Por asociación ilícita, el exvicepresidente cumple una pena de seis años de reclusión y mantiene una orden de prisión preventiva por un peculado investigado en el caso Singue.
Acusación fiscal ‘desordenada’
Durante la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, Camacho enumeró 180 elementos de convicción que en su mayoría nacen de los datos recabados de los archivos Verde, Verde Final, Victoria I (…), los cuales fueron encontrados en computadoras de la también llamada a juicio Laura Terán, exasistente de Presidencia.
Terminada la diligencia, Salazar resaltó el que la jueza nacional haya analizado y acogido la mayoría de los argumentos presentados por la Fiscalía.
La jueza llamó la atención a la Fiscalía por no investigar a Odebrecht y a otras personas y empresas que también aparecen en los Archivos Verdes.
Respecto al llamado de atención que le hizo la jueza Camacho sobre que la acusación habría sido formulada de manera ‘desordenada’, la fiscal negó ese hecho y dijo que ha sido clara y explicada en un contexto de una criminalidad organizada y frente a un tipo penal que, sostuvo, es muy “complejo y de difícil comprensión para el común de los ciudadanos”.
Sin dar detalles, Salazar reveló que están investigando de forma previa delitos como tráfico de influencias y lavado de activos, que estarían relacionados con la información encontrada en el proceso denominado Sobornos 2012-2016.
Arroz Verde pasó a ser Caso Sobornos
Según la investigación de la Fiscalía, funcionarios del gobierno de Correa supuestamente recibían valores de empresarios con la finalidad de asegurar y mantener la adjudicación de contratos con el Estado. Mientras, esos recursos presuntamente eran usados por Alianza PAIS y para solventar gastos de la Presidencia, organización de convenciones, homenajes, fiestas, sabatinas…
El caso Arroz Verde surgió tras la investigación publicada en el portal Mil Hojas ‘Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador’, de un intrincado sistema de recaudación de dinero en efectivo y a través de un cruce de facturas.
El cohecho está tipificado y sancionado en el artículo 286 del Código Penal vigente al momento de los hechos investigados y permanece descrita esa conducta ilícita en el 280 del COIP que prevé penas que van de uno a siete años de cárcel.
Se incluyeron testimonios de exfuncionarias Martínez y Terán
Pese al pedido de exclusión probatoria de los testimonios anticipados de las exfuncionarias de la Presidencia de la República y procesadas Pamela Martínez y Laura Terán, hecho por nueve de los investigados por el delito de cohecho, y del testimonio anticipado del exdirector de Odebrecht para Ecuador, José Santos, solicitado por cuatro procesados, la jueza Daniella Camacho no los aceptó.
Con la decisión adoptada, los tres testimonios anticipados podrán ser usados como elemento de prueba para la Fiscalía durante una posible audiencia preparatoria de juicio. Ayer, durante casi una hora y media, la jueza de la Corte Nacional de Justicia analizó un total de 48 elementos que buscaban ser excluidos por las partes procesales.
La jueza ordenó la exclusión de los impulsos fiscales existentes en el expediente fiscal, los testimonios de Gustavo Mora y María Egas, cónyuges de los procesados Viviana Bonilla, actual asambleísta independiente, y de Christian Viteri, exasambleísta de Alianza PAIS.
En la causa tampoco se excluyó el testimonio rendido dentro del caso por asociación ilícita Odebrecht por Carlos Villamarín, quien fue subsecretario técnico de Recursos Hídricos.
En noviembre pasado, la jueza Camacho decidió sustituir la prisión preventiva que pesaba sobre Terán y Martínez.
En sus versiones anticipadas ambas explicaron cómo funcionaba el esquema de “donaciones” para AP que se recogían. (I)
Fuente: El Universo
