Por el cobro de ‘diezmos’, exasambleísta Karina Arteaga recibe una pena con agravantes de seis años y ocho meses de cárcel
Por el delito de concusión y en calidad de autora directa fue sentenciada a seis años y ocho meses de cárcel la exlegisladora por Manabí de la alianza Unidad Primero-Alianza País Karina Arteaga. La resolución unánime a la que llegaron los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho, Byron Guillén y Luis Rivera fue dada a conocer la mañana de este viernes, 24 de febrero, en la reinstalación de la audiencia de juicio.
La Sala Penal de la CNJ también encontró culpable del delito de concusión, en calidad de cómplice, a la abogada Jenny Muñoz, asistente y jefa de despacho de la entonces asambleísta. Ella fue condenada a la mitad de la pena de la autora directa, es decir, deberá guardar prisión por tres años y cuatro meses.
Los jueces dispusieron que tanto Arteaga como Muñoz pierdan sus derechos políticos y de participación: la exasambleísta por 25 años, mientras que la exasesora por 12 años y 6 meses; y que queden inhabilitadas de contratar con el Estado. Las dos culpables también deberán pagar una multa de doce salarios básicos unificados ($ 5.400).
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, acusó a Arteaga de que en calidad de legisladora habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores en la Asamblea a través de terceros,dineros que fueron destinados a solventar gastos personales, como el pago de tarjetas de crédito, la compra de un vehículo, paquetes de viaje y alícuotas de un inmueble en Quito de la entonces legisladora.
La presidenta del tribunal, Daniella Camacho, indicó en su lectura de resolución que ha quedado probado que Arteaga en su calidad de asambleísta y valiéndose de su puesto jerárquico superior exigió a través de Jenny Muñoz la entrega de contribuciones indebidas a Gonzalo Ibarra, Verónica Pinargote, Freya Orellana, Andrea Utreras y Nabrid Medina.
“La prueba practicada a la cual los juzgadores han dado valor probatorio (…) permite llegar al convencimiento de la existencia material de la infracción de concusión. (…) Se evidencia que las funcionarias públicas valiéndose de sus cargos, por sí mismas y a través de distintas personas, han ordenado o han exigido la entrega de sueldos, cuotas o contribuciones indebidas”, explicó el tribunal.
Para sustentar su tesis, la Fiscalía presentó como testigo a Verónica Pinargote, quien explicó que, a pesar de percibir un sueldo de $ 2.781, solamente conservaba $ 400. El restante del dinero, indicó la víctima, lo entregaba en efectivo en el domicilio de su entonces jefa.
También intervino Freya Orellana, empleada doméstica de Arteaga; Luis I., quien dijo haber entregado $ 100 en efectivo mientras trabajó como asistente en la Asamblea, en 2017; Nabrid Medina,guardia de seguridad, que indicó al tribunal que entregó $ 40 por cuatro meses para conservar su puesto de trabajo; Andrea Utreras fue otra testigo de Fiscalía: refirió que a ella se le pidieron $ 75 como aporte al movimiento político al que pertenecía Arteaga.
Para las víctimas en este caso, Camacho, Guillén y Rivera dispusieron que se les dé una indemnización por el daño material infringido. De forma solidaria, Arteaga y Muñoz deberán pagar a Verónica Pinargote $ 10.938; a Freya Orellana, $ 4.937,56; y a Nabrid Medina, $ 160.
Finalmente, como medidas de reparación integral, se dispuso que Arteaga y Muñoz entreguen disculpas públicas al país y a las víctimas en un pleno de la Asamblea Nacional, así como que la sentencia sea publicada en tres medios de circulación nacional.
Una vez se conoció la sentencia definida para Arteaga y Muñoz, a quienes se les ordenaron penas tomando en cuenta la concurrencia de agravantes, las defensas de ambas solicitaron al tribunal que se dé paso a una audiencia para analizar el pedido de suspensión condicional de la pena. La presidenta del tribunal les adelantó que tienen 48 horas para presentar formalmente el pedido. Luego de ello se pronunciarán.
Fuente: El Universo
