El 16 de enero de 2026, un tribunal provincial de Villa Clara, Cuba, condenó a seis ciudadanos a un total de 34 años de prisión por su participación en una protesta pacífica contra los continuos apagones eléctricos que afectan al país. La sentencia fue dictada por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, pese a que las manifestaciones no registraron actos de violencia significativa, según reportes de agencias internacionales.
Los condenados, todos hombres de entre 26 y 53 años, no tenían antecedentes penales, y fueron encontrados culpables del delito de desórdenes públicos tras la manifestación del 7 de noviembre de 2024 frente a la sede del Partido Comunista en Encrucijada, donde reclamaron el restablecimiento del servicio eléctrico con consignas como “¡Queremos corriente!”.
Según el fallo, algunos de los acusados habrían instado a otras personas a unirse a la protesta —que llegó a reunir hasta 300 pobladores— y otros tocaron objetos metálicos que el tribunal identificó como calderos, aunque no se contabilizaron actos de violencia física ni daños materiales relevantes en el desarrollo de la manifestación.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la decisión judicial, calificándola de violación de las libertades de expresión y reunión pacífica, y advirtieron que la criminalización de protestas pacíficas en Cuba refleja un patrón de represión contra voces disidentes en medio de una prolongada crisis energética y de servicios públicos.
El caso se enmarca en un contexto más amplio de represión estatal contra manifestantes y disidentes, donde frecuentes apagones y deterioro de las condiciones de vida han generado malestar social, y las autoridades han respondido con sanciones penales severas a quienes ejercen su derecho a protestar.
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