El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con el objetivo de aumentar la proporción de recursos que las administraciones locales destinan a inversión pública y obras de infraestructura.
La iniciativa, calificada como ley económica urgente, plantea una regla fiscal que obliga a municipios, prefecturas y juntas parroquiales a destinar un porcentaje mínimo de su presupuesto institucional anual al gasto de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos.
Según el texto, el porcentaje de inversión requerido será progresivo: hasta 60% en 2027, 65% en 2028 y 70% desde 2029 en adelante para los GAD urbanos y metropolitanos. Para los gobiernos parroquiales rurales, el cronograma establece una meta de 50% en 2027, 55% en 2028, 65% en 2029 y 70% a partir de 2030.
El proyecto modifica el artículo 198.1 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que obliga a que la mayor parte del presupuesto institucional anual se destine a inversión pública, un rubro que incluye obras de infraestructura, servicios públicos y mantenimiento de activos.
Para evaluar el cumplimiento de esta regla fiscal, la propuesta detalla los tipos de gastos que pueden considerarse inversión, entre ellos obra pública, bienes y servicios directamente vinculados a proyectos de infraestructura, mantenimiento y reposición de activos públicos.
Además, la iniciativa contempla que los GAD que no alcancen el porcentaje mínimo de inversión establecido recibirán únicamente las asignaciones mínimas constitucionales del presupuesto estatal, limitando parte de las transferencias provenientes del Gobierno central.
La presentación de este proyecto se produce en un contexto de debate sobre la eficiencia del gasto de los gobiernos locales y la necesidad de dinamizar la obra pública en Ecuador, frente a años de reducción en la ejecución de inversiones en infraestructura.
Hasta el momento no se conocen detalles sobre el cronograma de debate o aprobación en la Asamblea Nacional.
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