El 3 de enero de 2026, fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar en Venezuela denominada “Operación Resolución Absoluta”, que incluyó bombardeos y acciones combinadas de fuerzas especiales, y culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Posteriormente, ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos penales en tribunales federales de ese país.
La operación se inició en la madrugada con ataques aéreos y terrestres en sectores de Caracas y sus alrededores, incluidos objetivos militares como la Base Aérea La Carlota y el Fuerte Tiuna, y el despliegue de fuerzas especiales, entre ellas unidades del Ejército de Estados Unidos como Delta Force, así como apoyo de la CIA y el FBI.
Según comunicados oficiales estadounidenses, la captura responde a una investigación por cargos de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión ilícita de armas, entre otros delitos por los cuales Maduro y su esposa enfrentan acusaciones pendientes en tribunales federales de Nueva York desde años anteriores. Ambos fueron transportados inicialmente al USS Iwo Jima, un buque de la Marina de Estados Unidos, y luego trasladados a tierra firme en Stewart Air National Guard Base, en el estado de Nueva York, antes de su custodia en el Metropolitan Detention Center, Brooklyn.
La reacción venezolana fue inmediata. Mientras el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela determinó la ausencia temporal de Maduro y nombró a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, desde Caracas se rechazaron las acciones como una violación de soberanía nacional. Rodríguez ha ratificado en medios públicos que Maduro sigue siendo el presidente legítimo, aunque las circunstancias han generado un vacío institucional temporal.
La operación ha generado amplias reacciones internacionales. Líderes de varios países denunciaron la acción como una violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana, mientras que otros países expresaron apoyo o llamaron al diálogo para una transición pacífica. Entretanto, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas han convocado reuniones de emergencia para analizar la situación, que ha marcado un punto de alta tensión en la política regional.
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