El 5 de enero de 2026, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York tras su captura ocurrida el 3 de enero de 2026 durante una operación militar liderada por Estados Unidos en Caracas. La comparecencia se llevó a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde también estuvo presente su esposa, Cilia Flores, ambos procesados por cargos relacionados con narcotráfico, conspiración para importar cocaína y otros delitos graves.
Ante el juez federal Alvin Hellerstein, Maduro y Flores se declararon no culpables de las acusaciones presentadas por la fiscalía estadounidense, que atribuye al exmandatario un papel central en una red de narcotráfico transnacional que habría operado durante más de dos décadas.
Durante la audiencia, Maduro afirmó ser inocente de todos los cargos y aseguró que había sido capturado de manera ilegal, presentándose además como el presidente legítimo de Venezuela y describiéndose como un “preso de guerra” ante el tribunal. La defensa intenta argumentar que su estatus como jefe de Estado le confiere inmunidad, aunque el Gobierno estadounidense no reconoce su legitimidad tras los hechos políticos de 2024.
La audiencia duró menos de una hora y no incluyó la presentación de pruebas, centrándose en gran medida en la lectura de cargos, la identificación de los acusados y las declaraciones iniciales de inocencia. El juez ordenó mantener a Maduro y Flores detenidos sin derecho a fianza hasta una próxima audiencia, programada para el 17 de marzo de 2026.
El caso supone uno de los procesos judiciales más relevantes contra un exjefe de Estado en Estados Unidos en décadas. Las acusaciones incluyen presuntos delitos de narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense y posesión ilícita de armas, entre otros.
La comparecencia de Maduro ha generado reacciones diversas a nivel internacional. Mientras su entorno político en Venezuela denuncia la actuación estadounidense como una violación de la soberanía nacional, organismos globales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado preocupación por el impacto de estos hechos en la estabilidad regional y han instado a una transición pacífica y democrática del poder.
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