Las protestas antigubernamentales en Irán, iniciadas el 28 de diciembre de 2025 por descontento social ante la situación económica y la devaluación de la moneda, han escalado en las últimas dos semanas y, según cifras de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), han dejado al menos 538 personas fallecidas, entre manifestantes y personal de seguridad, y más de 10 000 detenidos en distintas ciudades del país.
Las movilizaciones, que se han extendido a lo largo de más de cien localidades, se produjeron a pesar de un bloqueo de internet y comunicaciones ordenado por las autoridades, lo cual ha dificultado la verificación independiente de los hechos y ha sido documentado como parte de la estrategia estatal para limitar la difusión de información.
La organización HRANA detalla la alta cifra de víctimas, entre las cuales figuran civiles que participaron en las marchas y al menos 48 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes. La agencia señala que el número de fallecidos puede aumentar a medida que se reciban nuevos reportes desde zonas de protestas.
En respuesta a las tensiones, altos representantes del régimen han emitido advertencias de represalias contra Estados Unidos e Israel en caso de una intervención extranjera, calificando a posibles objetivos militares y territoriales como “legítimos” en tal escenario. Esta retórica se produjo en paralelo con amenazas previas del presidente estadounidense, que ha expresado su disposición a actuar si las fuerzas de seguridad iraníes emplean fuerza letal contra manifestantes.
La intensidad del enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas estatales refleja el contexto de fuerte presión interna sobre el liderazgo iraní, que incluye reclamos por reformas políticas y económicas. Grupos de derechos humanos han documentado casos de disparos directos por parte de las fuerzas de seguridad y detenciones masivas, e instan a que se investiguen las posibles violaciones de derechos fundamentales.
El bloqueo de servicios de internet y telefonía, junto con el uso de medidas de represión severa en varios puntos del país, ha generado preocupación internacional por la escalada de violencia y el acceso limitado a información verificada.