La Fiscalía General del Estado inició una investigación por posible lavado de activos contra dos empresas que operaban en Cuenca, identificadas como Capitalika y SCB Smart Capital, donde se indagan denuncias de estafa y captación ilegal de dinero, informó la institución el 15 de enero de 2026. El proceso fue derivado a la Unidad de Lavado de Activos tras verificarse montos significativos y rutas de captación de recursos que podrían esconder un delito mayor.
El caso se conoció tras las denuncias presentadas por decenas de personas que entregaron sus recursos a las dos compañías, atraídas por ofertas de inversión que prometían altos rendimientos a través de activos digitales u otros instrumentos no regulados. Las denuncias iniciales apuntaron a una presunta captación ilegal de dinero y estafa, por operar sin la autorización de la Superintendencia de Bancos ni de otros entes de control para captar recursos del público.
El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, señaló que los primeros indicios estiman que el perjuicio económico supera los 500.000 dólares, monto que podría incrementarse conforme avance la indagación y se identifiquen nuevos afectados o flujos de capital vinculados a las operaciones de las compañías investigadas.
Según las denuncias, las dos empresas comparten socios, gerentes y directivos, lo que ha llevado a las autoridades a profundizar la investigación para determinar si existió una estructura organizada detrás de la captación de recursos sin respaldo legal y si estos fondos habrían sido reinvertidos o canalizados de forma ilícita en otros negocios o cuentas.
Un grupo de afectados relató que confiaron sus recursos ante la promesa de altos rendimientos en plazos cortos, algo que no se habría cumplido y que, según los denunciantes, no fue acompañado de información clara, contratos formales ni garantías, lo que incrementó las sospechas de irregularidad en la gestión de los fondos.
El caso se suma a otros procesos en los que la Fiscalía ha identificado presuntas operaciones no autorizadas de inversión en el país, que en algunos casos han derivado en causas por lavado de activos, estafa y captación ilegal de dinero. La Superintendencia de Bancos ha emitido advertencias sobre los riesgos de invertir en entidades o esquemas sin el debido registro y autorización.
La Fiscalía continúa con el levantamiento de información, la recolección de evidencia financiera y entrevistas a posibles afectados para precisar las responsabilidades penales y avanzar con la formulación de cargos si se confirma la existencia de lavado de activos o delitos conexos.
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