Las instituciones calificadas ante el Consejo Nacional Electoral a favor del “NO” en las consultas del Yasuní y el Chocó Andino realizaron una rueda de prensa para advertir del peligro que representaría para el desarrollo del Ecuador, la prohibición de las actividades mineras y petroleras en el país.  

Para la Cámara de Minería del Ecuador (CME), la Sociedad de Ingenieros del Ecuador (SIDE), la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador Amaru y la Sociedad de Ingenieros del Ecuador Zona Norte (SIDEN), estas iniciativas plebiscitarias pueden significar una traba en el progreso sobre todo de las comunidades de influencia directa de los proyectos.

Carolina Orozco, presidente del Directorio de la CME señaló que: “todos los ecuatorianos y quiteños tenemos una responsabilidad grande y debemos estar conscientes, porque votaremos y decidiremos el futuro del Ecuador y especialmente de las comunidades que han estado tradicionalmente alejadas del progreso. Todos debemos pensar conscientemente el voto, porque nosotros decidimos desde la comodidad de nuestra casa, la realidad en territorio es diferente, las necesidades son diferentes y urgentes”.

“Estas consultas vulneraron derechos colectivos porque a quienes se debió consultar primero tanto en el Yasuní como en el Chocó Andino es a los dueños de casa. Debieron consultarles a nuestros compañeros en territorio. Amaru fue hace más de siete años veedor del Yasuní justamente en el bloque 43 y evidenciamos que hay apoyo a las comunidades, que hay apoyo a los pueblos y nacionalidades en salud, en educación” mencionó Luis Simbaña presidente de la Confederación Amaru destacando también que este es un tema económico y de desarrollo, pidió que ya no se divida más a las organizaciones.

Según Oswaldo García, presidente (s) de la SIDE enfatizó que “más allá de las cifras que perdería el Ecuador por parar la actividad petrolera en el Yasuní, pongámonos en los zapatos de los miles de personas que van a perder su empleo, así como el perjuicio a la seguridad jurídica del país, y a perder inversiones. También generará presión en la propia zona del Yasuní por el crecimiento de la frontera agrícola, porque la gente que deja esos empleos, de algo tendrá que vivir. Va a haber presión social y ambiental”.

Para María Eulalia Silva, presidente Ejecutiva de la CME “al prohibir una industria responsable en lugar de proteger el ambiente, se lo está desprotegiendo, así como a las comunidades quitándoles cualquier plataforma de desarrollo. Hay que recordar que si algo puede afectar al ambiente es la pobreza”.   

Todas las organizaciones coinciden que la adopción de una medida que podría ser supuestamente “ecológica” podría generar un desastre en lo ambiental ya que no habrá todas las medidas de protección y cumplimiento de la normativa. Se estaría generando las condiciones para que la inseguridad y el delito surjan.

Fuente: Boletín de Prensa Cámara de Minería del Ecuador

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