Ecuador, Colombia y Perú conformaron ayer mesas de diálogo para organizar un corredor humanitario que favorezca a los migrantes que no pueden transitar entre estas naciones, por el cierre de las fronteras, a causa de la pandemia de covid-19.
Según Mónica Tobar, directiva de CARE Internacional, que apoya a grupos vulnerables, entre 400 y 500 extranjeros se encuentran varados en la ciudad ecuatoriana de Huaquillas, en el límite con Perú.
A través de un comunicado del Ministerio de Defensa se indicó que el Gabinete del Sector Seguridad, conformado por varios ministerios, realizó ayer (martes 2 de febrero del 2021) su XIX reunión para analizar “los mecanismos necesarios y dar una pronta solución al problema de migración en las fronteras con Colombia y Perú”.
Este inconveniente empezó la semana pasada luego que el país del sur decidiera movilizar a sus Fuerzas Armadas al límite internacional, para evitar la migración informal.
Pero eso no ha detenido a los viajeros que siguen cruzando las fronteras, a pesar de los riesgos y las restricciones. Uno de ellos es Naomi, que debió entregar su teléfono móvil, como pago a integrantes de una banda, para cruzar de Colombia a Ecuador, con su esposo y su hija, de 5 años.
Esta familia de Venezuela ingresó al país hace siete días por un improvisado puente de troncos de árboles sobre el río Carchi. Este es uno de los 38 pasos fronterizos no autorizados que existen en esta provincia.
A pesar de que las fronteras de Ecuador están oficialmente cerradas desde marzo pasado, el ingreso y salida de extranjeros no se ha detenido.
En su último informe del 28 de enero, el Comité de Operaciones de Emergencia del Carchi señaló que aproximadamente 260 ciudadanos ingresaron a diario por la frontera norte, en diciembre pasado.
Según el documento, el 60% estaba de paso por Ecuador, rumbo a otras naciones del sur del continente. Naomi, por ejemplo, espera llegar a Lima, Perú, donde tiene parientes que salieron años antes, huyendo de la crisis social y económica de su país.
La mujer y su esposo llegaron empujando, por las orillas de la vía Panamericana, dos coches en los que llevan ropa, cobijas, y a su hija, de 5 años. Ayer 2 de febrero estaban en Ibarra, en Imbabura.
Ellos lamentan haber entregado el teléfono, que era el único medio de comunicación que tenían con sus familiares. Pero no tenían dinero para pagar el ‘peaje’ que cobran personas desconocidas para permitir el uso de las trochas o pasos informales.
A los migrantes se les exige hasta USD 140 para cruzar la frontera, explica Tobar. Pero la extorsión no es el único delito que han identificado las organizaciones de protección de migrantes. También se investigan casos de trata de personas y violencia física y sexual, contra mujeres y niñas.
Otro riesgo para los viajeros es ser reclutados por grupos armados ilegales y bandas de narcotráfico.
El arribo de venezolanos en diciembre estuvo relacionado con la reforma a la Ley de Movilidad Humana.
Muchos viajeros esperaban ingresar antes de que se aprobara esa disposición, que incluye la inadmisión y deportación de extranjeros.
Varios viajeros que han llegado a Ibarra pasan la noche en los portales que hay frente al parque La Merced. En la mañana, ellos visitan la casa de las monjas de la orden de San Francisco de Sales. En ese lugar ofrecen desayunos gratuitos.
El miércoles anterior, el menú incluyó un plato de arroz con menestra de fréjol y carne molida. También un vaso con jugo de mora.
Según Arcangela Palaziol, madre superiora de las religiosas, entre las 06:00 y 08:30 de cada día reparten alimentos a 160 personas. De ellos, el 60% son ciudadanos de otro país.
Naomi, su esposo e hija intentarán ingresar a Perú por pasos clandestinos, si no tienen otra alternativa. Estos viajeros no constan en los registros oficiales de nuestro país.
Según el Ministerio de Gobierno, entre enero y julio del 2020 llegaron 10 506 venezolanos.
Fuente: El Comercio
