Por ser adultos mayores, Fiscalía pide arresto domiciliario para Lenín Moreno y otros 14 procesados; para los restantes 22 sospechosos, prisión preventiva
Para la fiscal general, Diana Salazar, es claro que en el caso Sinohydro, en el que se investigará el delito de cohecho, se han ejecutado “actos de contraprestación desde el ejercicio de un cargo público a cambio de dádivas entregadas de forma directa e indirecta a través de terceras personas, entre familiares, amigos, asesores y colaboradores cercanos”.
Casi cuatro años después de haberse abierto la investigación previa ante una trama de corrupción que se habría tejido, entre 2009 y 2018, en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, la Fiscalía formuló cargos contra 37 personas que habrían colaborado para que se viabilice la contratación de la empresa china Sinohydro, se adecuen objetos sociales de empresas para aparentar contrataciones, se creen cuentas offshore y se repartan más de $ 76 millones en coimas o dádivas, utilizando el sistema financiero nacional e internacional.
Entre los 37 sospechosos contra quienes se abre una etapa de instrucción fiscal de 90 días están el expresidente Lenín Moreno Garcés, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, sus hermanos Guillermo y Edwin Moreno Garcés, sus cuñadas Martha González y Jacqueline Viteri, su amigo cercano Conto Patiño, una serie de familiares directos e indirectos de este último, ciudadanos chinos que representaron a la empresa Sinohydro y fueron embajadores de China, exfuncionarios públicos y personas privadas.
En total 226 elementos de convicción generales y específicos fueron presentados contra los hoy procesados por la fiscal general, antes de solicitar al conjuez Luis Adrián Rojas, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), como medida cautelar la prisión preventiva para todos.
Salazar explicó que esa es la medida cautelar que, por la gravedad de los hechos, aseguraría la comparecencia al proceso de todos los involucrados en los hechos ilícitos que por casi tres horas fueron relatados por la titular de la Fiscalía. Lenín Moreno, al igual que la mayoría de los acusados, participaron de la audiencia por vía telemática.
El pedido de prisión preventiva también se justificó en el potencial peligro de fuga que existiría, así como también ante la posibilidad de que los procesados puedan entorpecer el desarrollo investigativo de la causa.
Según la Fiscalía, al menos diez de los hoy procesados estarían fuera del país: Lenín Moreno y su esposa, en Paraguay; Irina Moreno, en Estados Unidos; el exembajador chino Cai Runguo y Yang Huijun, quienes en su momento fueron representantes legales de Sinohydro, y los ciudadanos chinos Song Dongsheng, Wu Yu y Liu Aiseheng, quienes estarían en China; mientras que otros cuatro procesados dejaron el país en febrero pasado, justo en momentos en que se solicitó una fecha para formular cargos en este caso.
“Qué más hechos concretos de peligro procesal y alteración del normal cauce del proceso que el arraigo familiar y sobre todo financiero que tienen los partícipes de esta trama de corrupción en el extranjero, pues resulta evidente que todas las dádivas, todo este beneficio reposa en paraísos fiscales, permitiéndonos asumir que los procesados cuentan con suficiencia económica no solo en el país, sino en el exterior”, explicó Salazar.
Pese al pedido inicial de que contra todos se ordene prisión preventiva, la propia fiscal general reconoció que existe alternativa legal de arresto domiciliario para personas de la tercera edad o que tienen más allá de 65 años. Ante esa salvedad, Salazar pidió que se les sustituya la orden de prisión preventiva por arresto domiciliario a quince procesados: Lenín Moreno (69), Rocío González (69), Conto Patiño (91), Cai Runguo (72), entre otros. Seguía vigente el pedido de prisión preventiva para el resto de los 25 investigados.
David Meza, abogado de Moreno y Rocío González, ante la posibilidad de que la fiscal Salazar pida como medida cautelar la prisión preventiva del expresidente, dijo que esta no procede por dos condiciones de vulnerabilidad que mantiene su cliente: posee una discapacidad y el 19 de marzo cumple 70 años de edad. “Es imposible que se sustente un pedido así, pues no caeríamos en un tema ilegal, sino en un tema inhumano, que está prohibido inclusive por la Constitución”.
La Fiscalía también pidió la retención de cuentas que mantengan los 37 sospechosos en catorce entidades bancarias del Ecuador; la autorización para emitir los pedidos oficiales de asistencia penal internacional para que se inmovilicen cuentas, pólizas (…) en catorce entidades bancarias de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.
También la Fiscalía pidió al conjuez Rojas dar luz verde para solicitar a estos siete países, mediante asistencia penal internacional, que se busque prohibir enajenar bienes muebles e inmuebles. Finalmente se pidió la prohibición de enajenar bienes inmuebles, acciones y participaciones societarias en fideicomisos que mantengan los sospechosos en las provincias de Pichincha, Napo, Guayas y Santa Elena.
Todos estos pedidos realizados por la Fiscalía en la primera parte de la diligencia deberán ser analizados por el conjuez de la Corte Nacional. Al momento la audiencia se suspendió hasta las 14:30, momento en el que será el turno de participar de la Procuraduría General del Estado, como acusadora particular, y las defensas de los 37 procesados. Se adelantó que cada uno de ellos tendrá diez minutos para únicamente referirse al tiempo de duración de la instrucción fiscal y las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.
La teoría que manejó Salazar sostiene que Lenín Moreno en su calidad de vicepresidente de la República del gobierno de Rafael Correa realizó acciones encaminadas para que sea la empresa china Sinohydro la que se haga cargo de la construcción del proyecto hidroeléctrico emblemático de la Revolución Ciudadana: Coca Codo Sinclair. La representación comercial de Sinohydro en ese momento habría estado en manos de Conto Patiño y Xavier Macías Carmigniani, amigos de Moreno.
A cambio de estas acciones se recibirían $ 76 millones, lo que sería el equivalente al 4 % del costo total de la obra contratada ($ 1′682.745). A esa conclusión se habría llegado, pues en una cuenta offshore en Panamá de la empresa Recorsa, de Conto Patiño, se habría dejado anunciado que los dineros que ingresaron en esa cuenta provendrían del 4 % del contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. “Ya tenemos el porcentaje del soborno, el porcentaje de las dádivas”.
De esta cuenta de la empresa Comercial Recorsa a la que llegaron los recursos de la “empresa cohechadora” Sinohydro se habrían repartido a los grupos familiares de Lenín Moreno y Conto Patiño.
Los primeros, divididos entre siete personas, recibieron $ 655.000. En este dinero entregado se incluyen $ 220.000 que recibieron Moreno y su esposa a través de la adquisición de un departamento en España y lujosos muebles, pero la Fiscalía no habló de lo que habría recibido otro cercano del exmandatario y que ya falleció.
En lo que respecta a la familia, cercanos y funcionarios relacionados con Conto Patiño, la fiscal Salazar dio cuenta de que ellos recibieron $ 44 millones, dineros que fueron movidos mediante transferencias, cobro de cheques, entre otros.
Aproximadamente habrían recibido $ 1,1 millones los cinco ciudadanos chinos procesados y $ 585.000 cinco personas que estaban relacionadas con la comisión técnica que emitió el informe para la aprobación del proyecto, la gerencia y el directorio de Coca Codo al año 2010. Ellos habrían recibido esos recursos “por sus desempeños a favor de la empresa Sinohydro”.
El abogado Eduardo Carmigniani, uno de los 37 procesados en el caso Sinohydro, mediante su cuenta de Twitter señaló que ha esperado con paciencia y sin huir “las insólitas imputaciones” de cohecho que anunció la Fiscalía General. Desde su perspectiva como no ha sido él nunca funcionario público, no puede ni podía ser sobornado.
“La única acusación que pudiera hacérseme sería que yo hubiese entregado sobornos. Jamás lo hice y por tanto la Fisacalía nunca podrá probar a quién, cuándo, dónde y con cuanto sobornéa alguien, más allá de que en su imputación ni siquiera se ha permitido sugerirlo. Pese a todo eso, y pese a qeu ninguna leagación, y menos evidencia o indicio, ha presnetado la Fiscalía de que yo hubiese, directa o indirectamente, sobornado a alguien, hoy ha pedido que se me imponga una absurda e nconstitucional prisión preventiva, por haber cobrado honorarios”, anotó Carmigniani.
Según la Fiscalía, dentro de esta trama de corrupción Eduardo Carmigniani Valencia habría recibido $ 2.6 millones. Parte del estos dineros habrían sido entregados directamente y otro mediante Andes Finances.
Fuente: El Universo
