Autoridades de Cuenca y Azuay reabren debate sobre cifras de muertes violentas y seguridad tras diferencias con el Gobierno

La disputa por la interpretación de las cifras de muertes violentas en la provincia del Azuay ha generado un nuevo enfrentamiento entre las autoridades locales y el Gobierno nacional.

El 19 de enero de 2026, durante una rueda de prensa en Cuenca, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, sostuvo que las cifras oficiales muestran una disminución de más del 50 % de las muertes violentas en Azuay en 2025, en comparación con el año anterior, como parte de los efectos de la estrategia de seguridad denominada Ofensiva Total impulsada por el Ejecutivo.

Sin embargo, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, rechazó esa afirmación y la calificó de “falsedad absoluta”, asegurando que el año 2025 fue “el más violento” en la historia reciente de la ciudad e insistió en que los niveles de inseguridad no han mejorado de manera perceptible para la ciudadanía.

El prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, también cuestionó la postura de la ministra y subrayó que, además de homicidios, han aumentado otros delitos como robos a personas, bienes y vehículos. Lloret argumentó que recursos recaudados mediante el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) podrían destinarse a fortalecer la seguridad, por ejemplo para renovar cámaras de vigilancia y repotenciar las Unidades de Policía Comunitaria (UPC).

Según datos policiales preliminares consultados por Primicias, en 2024 se registraron 91 homicidios intencionales en Azuay, mientras que en 2025 los registros policiales contabilizan 44 muertes violentas en la provincia, con 20 de ellas en Cuenca, cifras que muestran una reducción en el total provincial, aunque en el cantón cabecera los números han variado de forma menos marcada y mantienen preocupaciones entre las autoridades locales.

La controversia evidencia diferencias en la percepción sobre la seguridad pública en la región, en un contexto en que líderes locales demandan mayor coordinación interinstitucional y recursos adicionales para reforzar operativos, prevención y capacidades institucionales ante la persistencia de hechos delictivos en Cuenca y sus alrededores.


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