El 21 de enero de 2026, representantes de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) presentaron en la Asamblea Nacional un proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, estructuras criminales o grupos armados regulares o irregulares.
La iniciativa, contenida en un articulado de 44 artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y una final, propone reformar once cuerpos legales vigentes, entre ellos el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal, y leyes relacionadas con educación, salud, deporte y seguridad pública. La reforma también contempla el endurecimiento de penas para quienes recluten y utilicen a menores en actividades delictivas y amplía el catálogo de agravantes para estos casos.
La vicepresidenta de la República, María José Pinto, destacó que la propuesta sitúa a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, orientando la respuesta del Estado no solo a la sanción penal sino a la prevención, acompañamiento y protección integral mediante mecanismos interinstitucionales articulados territorialmente.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el reclutamiento y uso de menores por redes criminales constituye una grave vulneración de derechos que debilita el tejido social y representa una amenaza para la seguridad del Estado, razón por la cual se requiere una respuesta normativa integral y firme.
La legisladora Valentina Centeno, coordinadora de la bancada ADN, resaltó que la iniciativa busca también garantizar un tratamiento judicial especializado para adolescentes involucrados, así como mejorar los mecanismos de denuncia con reserva de identidad, lo que permitirá fortalecer las investigaciones penales y la protección de quienes aportan información.
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