Dirigentes y militantes del movimiento político Revolución Ciudadana (RC) se declararon perseguidos políticamente tras los allanamientos ejecutados por la Fiscalía General del Estado en varios inmuebles vinculados con figuras de esa organización, en el marco de la investigación denominada Caso Caja Chica por presunta delincuencia organizada y lavado de activos.
Los procedimientos se realizaron el 29 de enero de 2026 en tres viviendas en Quito y una en Guayaquil pertenecientes al asambleísta Patricio Chávez, a la excandidata presidencial Luisa González y a otros dirigentes del movimiento.
Tras los allanamientos, Luisa González y Patricio Chávez emitieron un pronunciamiento en el que rechazaron las actuaciones de la Fiscalía, afirmaron no haber sido informados previamente de los procedimientos y se declararon víctimas de una “persecución política” del Gobierno del presidente Daniel Noboa. González también responsabilizó al Ejecutivo por la seguridad de su vida y la de su familia.
El expresidente y dirigente máximo de la RC, Rafael Correa, respaldó esa postura y consideró que los allanamientos son producto de una acción persecutoria contra opositores, afirmación que recibió adhesiones de otras figuras del movimiento y simpatizantes en redes sociales.
Las autoridades investigan si en la campaña presidencial de 2023 se utilizaron fondos de origen ilícito para su financiamiento, incluyendo presuntos aportes desde el extranjero, hipótesis que ha sido rechazada por los líderes de la RC.
Este pronunciamiento se suma a otros respaldos públicos desde sectores afines a la RC, en los que se denuncia la judicialización de la política y se apela a la defensa de derechos políticos en el contexto del proceso judicial en desarrollo.
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