El Gobierno de Estados Unidos presentó una demanda civil en contra de Marta Alicia Ramírez Veliz, una mujer de origen hispano residente en el país, por no acatar una orden final de deportación emitida a su nombre, informó EFE haciendo referencia a documentos judiciales.
La querella fue radicada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Richmond (Virginia) y exige que la inmigrante pague una multa de 941 114 dólares más intereses, una de las cifras más altas conocidas en casos de este tipo relacionados con el incumplimiento de una orden final de deportación.
Según los documentos presentados por el Departamento de Justicia, Ramírez Veliz tenía una orden firme para abandonar Estados Unidos desde el 1 de julio de 2019, tras una decisión de un juez de inmigración. Sin embargo, no dejó el país, lo que llevó al inicio del proceso de sanción.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) notificó en abril de 2025 la intención de imponer la multa a la mujer, brindándole 30 días para presentar una defensa, pero al no recibir respuesta, el Gobierno solicitó al tribunal la ejecución del cobro.
La sanción civil se sustenta en una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que permite imponer multas a extranjeros que se niegan deliberadamente a abandonar Estados Unidos tras una orden de deportación. El monto de la multa se calcula con base en el número de días que transcurren desde que se debió cumplir la orden.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de aplicación de multas a inmigrantes con órdenes de deportación por parte de las autoridades estadounidenses, una práctica que ha generado debate y acciones legales en distintos estados.
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