Estos son los 10 cantones de Ecuador donde la violencia se volvió forma de vida

En 2025, la violencia en Ecuador se ha territorializado y ha dejado de ser un fenómeno disperso para convertirse en una preocupación estructural en determinados territorios. Según un análisis publicado por El Comercio, diez cantones del país concentran los niveles más altos de violencia extrema, en un contexto donde factores como crimen organizado, pobreza, abandono institucional y ubicación estratégica para actividades ilícitas convergen.

Las estadísticas oficiales indican que entre enero y octubre de 2025 se registraron 7 553 homicidios intencionales, un 7 % más que en el mismo período de 2024. La tasa nacional proyectada para cierre de año puede alcanzar 52 homicidios por cada 100 000 habitantes, una de las más altas de la región.

De acuerdo con el reporte, los diez cantones con mayor letalidad y donde la violencia se ha vuelto parte de la vida cotidiana son: Pueblo Viejo, Quinsaloma, Buena Fe, Babahoyo y Urdaneta (provincia de Los Ríos); Durán y Balao (Guayas); Huaquillas y El Guabo (El Oro); y Manta (Manabí). En estos territorios, las tasas de homicidios superan ampliamente el promedio nacional.

Estas zonas comparten características comunes:

• Ubicación estratégica para las economías ilícitas, incluidas rutas de narcotráfico y control de territorios con puertos o vías de salida.
• Altos niveles de pobreza y desigualdad social.
• Presencia limitada de instituciones públicas que puedan garantizar seguridad y servicios básicos.

Organizaciones de análisis de crimen organizado señalan que la violencia ha migrado de grandes ciudades hacia estos cantones, donde el control de bandas, disputas territoriales y flujos ilícitos han generado una espiral de homicidios que afecta también a comunidades rurales y periféricas.

El fenómeno ha llevado a que habitantes de estas zonas vivan bajo una sensación de inseguridad permanente, con impacto negativo en la economía local, la educación, la movilidad diaria y la cohesión social, desafíos que las autoridades buscan mitigar a través de operativos de seguridad y políticas públicas focalizadas.