El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta un proceso judicial en el denominado caso Triple A por la presunta comercialización, almacenamiento y distribución ilegal de combustibles, un delito que podría acarrear penas privativas de libertad de hasta cinco años, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La investigación y la citación a juicio han sido confirmadas por diversas fuentes locales y noticias vinculadas al proceso. Prensa Latina+1
La causa Triple A fue iniciada en julio de 2024 tras reportes de irregularidades en el manejo de combustibles subsididados por el Estado y supuestas incongruencias entre el combustible despachado y el realmente comercializado por estaciones vinculadas a empresas que, según la Fiscalía General del Estado, estarían relacionadas con Álvarez y su entorno familiar. Primicias
En ese contexto, el alcalde fue llamado a juicio junto a otras personas naturales y jurídicas acusadas por estas irregularidades. Inicialmente, el proceso contaba con una audiencia programada para enero de 2026; sin embargo, la diligencia fue diferida para ese mes debido a la ausencia de abogados defensores y la presentación de certificados médicos de parte de la defensa legal, lo que llevó a postergar la instalación del juicio. La RepúblicaEC
Álvarez ha cuestionado públicamente el proceso, calificándolo como una persecución política, y ha sostenido que algunos cambios de agenda y decisiones judiciales responden a una intención de estigmatizar su gestión municipal. También ha presentado recursos y comunicaciones ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando vulneraciones de garantías procesales. Primicias
El proceso judicial se sigue con jueces designados temporalmente, y el alcalde continúa en funciones mientras se desarrolla el juicio. La fase de juzgamiento está prevista para inicios de 2026, tras la reprogramación que postergó la audiencia por las causas indicadas. Diario Expreso
Este caso llega en medio de un clima político en Ecuador donde la Fiscalía ha impulsado varios procesos contra autoridades locales y nacionales por presuntos delitos económicos y administrativos, lo que ha generado debate público sobre la administración de justicia y la separación entre política y procedimientos penales.
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