La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco del denominado “Caso Goleada”, que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, generó reacciones de rechazo entre dirigentes políticos del correísmo y autoridades locales. Álvarez fue detenido la madrugada del 10 de febrero de 2026 junto con sus hermanos Antonio y Xavier en un operativo que incluyó allanamientos a domicilios vinculados a la investigación.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, manifestó su rechazo absoluto a la detención y afirmó que se trata de un uso de la función judicial con fines políticos. Pabón publicó un mensaje en su cuenta en X en el que cuestionó el proceder de las autoridades y vinculó el operativo a situaciones de conflicto político.
La asambleísta del correísmo Viviana Veloz también rechazó la detención de Álvarez, calificándola como una “represalia directa” en el contexto de otros procesos políticos abiertos en el país, especialmente en relación con el juicio político contra el presidente de la Judicatura.
Asimismo, la vicealcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel, expresó su solidaridad con el alcalde y aseveró que la detención podría ser una respuesta a las críticas que Álvarez ha formulado contra el Gobierno nacional. Coronel señaló que, a su juicio, la medida se produce en medio de un sistema judicial en crisis y que afecta la labor de las autoridades locales.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha publicado un comunicado ampliado con todos los detalles de la investigación y de la situación procesal de Álvarez y los otros detenidos, quienes serán trasladados a Quito para la formulación de cargos.
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