La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este 14 de enero de 2026 que hasta la fecha se han excarcelado 406 presos políticos en el país como parte de un proceso de liberación impulsado por las autoridades tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y los cambios en la estructura de poder. Rodríguez describió el proceso como un gesto de apertura política y sostuvo que “el proceso de excarcelaciones se mantiene abierto”.
La cifra oficial contrasta con los datos independientes aportados por organizaciones no gubernamentales. Foro Penal, principal ONG venezolana que monitorea detenciones por motivos políticos, ha verificado un número considerablemente menor de liberaciones —en torno a 60 a 70 personas desde que se anunció el proceso— y ha señalado la falta de transparencia en las listas públicas de excarcelados.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, también ha defendido las liberaciones como parte de un esfuerzo por promover la convivencia pacífica y la “unión nacional”, aunque ha incluido en la cifra total excarcelaciones realizadas desde diciembre de 2024, lo que amplía la estadística oficial más allá de las liberaciones estrictamente recientes.
Sectores de la oposición venezolana, incluidos líderes como María Corina Machado y Edmundo González, han denunciado que las excarcelaciones “no se están llevando a cabo en los términos anunciados” y que no se han publicado listas verificables, ni se ha notificado de manera adecuada a los familiares de quienes permanecen detenidos. Estas voces también critican que muchos de los excarcelados queden sujetos a medidas cautelares restrictivas, lo que limita el impacto real de las liberaciones.
Organizaciones de derechos humanos han insistido en la necesidad de información transparente y verificable, subrayando que, a pesar de las cifras oficiales, todavía permanecen cientos de personas bajo detención por motivos políticos en Venezuela. La discrepancia entre los datos divulgados por el Gobierno y los recabados por ONG ha generado incertidumbre sobre el alcance y la ejecución real del proceso de excarcelaciones.
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